periodo extraordinario
La Primera Comisión de la Permanente remitió las propuestas para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados y del Senado de la Republica, a fin de lograr el mayor consenso de los legisladores en los temas que se puedan abordar durante el mismo.
“Las Juntas de Coordinación Política son los órganos colegiados idóneos para impulsar los entendimientos y las convergencias políticas, a fin de alcanzar los acuerdos necesarios, para que el Pleno de la Comisión Permanente esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden y valorar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones”, destaca el dictamen aprobado en reunión de trabajo, encabezada por la presidenta de la Primera Comisión, senadora Graciela Ortiz González.
Precisa que los grupos parlamentarios de ambas cámaras están representados en la respectiva Junta de Coordinación Política, la cual tiene a su cargo “elaborar el programa legislativo de cada periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos efectos”, por lo que es responsable de establecer la prioridad de los temas a tratar.
El documento precisa que existen diversas iniciativas por las que se plantean periodos extraordinarios, en principio, para que el Ejecutivo Federal a que atienda la moción presentada por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con relación al proceso de designación de tres magistrados de la Tercera Sección y 15 de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de Responsabilidades Administrativas.
El segundo punto refiere que el Senado debe realizar un periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de resolver sobre la ratificación o no de los nombramientos expedidos por el titular el Poder Ejecutivo Federal respecto de los 18 nuevos magistrados referidos por el resolutivo anterior.
En tercer lugar, se plantea que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República debe emitir un acuerdo que contenga las reglas y el procedimiento para la resolución de la ratificación o no del nombramiento de los juzgadores referidos.
De los asuntos propuestos para dictaminar en un periodo extraordinario destacan: la reforma constitucional en materia de la designación del titular de la Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; la designación del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción; la Ley de Contrataciones de Obras Públicas.
Se encuentra también la reforma al párrafo segundo del artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.
Durante la reunión de trabajo, se aprobaron 12 dictámenes en total, además de que los integrantes de la Primera Comisión acordaron establecer una ruta de acciones que permita dar seguimiento a las medidas de protección a periodistas y garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, tanto por parte del Gobierno Federal como de los gobiernos estatales.
La senadora Graciela Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, apuntó que, además de promover una reunión a la brevedad con el Fiscal Especial de Delitos Contra la Libertad de Expresión, es necesario que el Congreso de la Unión pida a los gobiernos de los estados que asuman su responsabilidad en la prevención de agresiones contra reporteros, “y crear así una pinza como Estado mexicano para la salvaguarda de la libertad de expresión”.
En ese sentido se pronunció el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, quien apuntó que el punto de acuerdo correspondiente se deberá presentar ante el Pleno de la Comisión Permanente en la sesión de mañana miércoles, pues es urgente una reunión de los legisladores con el Fiscal Especial.
La diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del PVEM, pidió que en dicho punto de acuerdo se incluya que el Congreso pueda dar seguimiento a la instalación y capacitación de las unidades especializadas en los estados, para la prevención y atención a las agresiones contra periodistas, anunciadas ayer por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
La senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, expuso que el Congreso tiene la responsabilidad de generar una propuesta de todas las acciones que se deben llevar a cabo para combatir los homicidios contra periodistas, que han marcado al país incluso dentro de la perspectiva internacional.
El diputado del PAN, Federico Döring Casar, planteó que la propuesta de la ruta a seguir puede presentarse en la mañana de este miércoles ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para que se presente ante el Pleno durante la sesión.