Desde el Senado

RECURSOS ADICIONALES. Con el fin de “controlar la discrecionalidad” en la asignación y aplicación de los recursos presupuestales excedentes o adicionales, la diputada Rocío Nahle García presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, le legisladora asentó que la discrecionalidad en el manejo del presupuesto “genera corrupción y un alto grado de opacidad” y una administración gubernamental que la tolera pierde confianza de la sociedad y, con ella, la legitimidad para ejercer las atribuciones que les han sido conferidas.

Afirmó que la actual administración, durante los ejercicios fiscales de 2013 a 2016, ejerció recursos adicionales por un billón 901 mil millones de pesos, cuya asignación y reasignación se realizó de manera discrecional.

FRENAR LA VIOLENCIA POLÍTICA. En el país existe un preocupante fenómeno de violencia política que se registra en distintas regiones y, además, enrarece la convivencia política entre partidos políticos, militantes, simpatizantes y la sociedad en general, denunció la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD.

Por ello, propuso diversas reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, todas en materia electoral.

En el proyecto se contempla a la violencia política como un delito, y se establecen sanciones para los partidos políticos y el Estado, así como obligaciones tendientes a prevenirla. “Por supuesto, esa misma violencia afecta más a las mujeres”, subrayó la diputada Contreras Julián.

OBLIGATORIO LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL. Busca que la SFP identifique y defina a los organismos y entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, se presentó una iniciativa que busca establecer la obligatoriedad de la certificación profesional para los servidores públicos de carrera, así como los servicios públicos que estén adscritos a las delegaciones.

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Minerva Hernández Ramos, expuso que la propuesta pretende que los modelos de profesionistas de los servidores públicos, les permita adquirir la certificación profesional; que la Secretaría de la Función Pública identifique y defina a los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las profesiones contempladas en el Servicio Profesional de Carrera.

Así como permitir que las dependencias puedan celebrar convenios con los organismos auxiliares que actúen como entidades certificadoras de las

profesiones contempladas y precisar que las delegaciones en las entidades federativas deben incluir dentro del Servicio Profesional de Carrera la certificación profesional.

EFORZAR SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS. La Comisión Permanente exhortó al Gobierno de la Ciudad de México para que refuerce los mecanismos de seguridad en los espacios públicos, debido al incremento de delitos en agravio de los ciudadanos.

En la discusión del dictamen, aprobado en votación económica, el senador Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que cada vez son más frecuentes los delitos en el transporte público; y subrayó que está documentada la presencia del crimen organizado a través de organizaciones dedicadas a la trata de personas, secuestro y el tráfico de drogas.

Señaló que se está ante un asunto de dimensiones mayúsculas que requiere acciones oportunas e integrales, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016, los delitos más frecuentes en la Ciudad de México son robo, extorsión y fraude.

Detalló que en los primeros cuatro meses de 2017, se registraron 30 mil 825 robos, y de éstos, siete mil 791 fueron con violencia, y 740 a negocios; dijo que, de mantenerse la tendencia, al final del año, el total de robos podría superar a los registrados en el 2016, donde se suscitaron 81 mil 555 robos.

SOBRE EMPLEOS GENERADOS. La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre las condiciones de los empleos que se han creado durante la actual administración, en el que se precisen los montos salariales, los servicios de seguridad social y temporalidad de los contratos.

En el dictamen se destaca que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se observa un incremento en la generación de empleos formales, así como un descenso del trabajo informal.

“Sin embargo –se advierte– las cifras pueden resultar engañosas, pues los datos sobre generación de empleo pueden estar afectados por un fenómeno estadístico llamado estacionalidad, o podría deberse a la simple inercia, producto del crecimiento natural de la población en edad de trabajar”, se señala en el dictamen.

Senadores y diputados expresaron: “estamos conscientes de los enormes retos que enfrentamos en materia macroeconómica, derivados, entre otras cosas, por el ambiente de incertidumbre económica que se vie desde hace varios años a nivel mundial”.

SANCIONAR A LOS DESARROLLADORES. La Comisión Permanente exhortó a los jefes delegacionales de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, fortalezcan las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable en la materia.

Asimismo, solicitó al gobierno de la Ciudad de México y a los jefes delegacionales que refuercen los mecanismos para sancionar a los desarrolladores inmobiliarios que incumplan con la normatividad aplicable en la materia.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, María del Rocío Pineda Gochi, aseveró que las construcciones que no están autorizadas por el reglamento en la materia, han acentuado la escasez de agua y las deficiencias en la prestación de servicios públicos y, además, representan un riesgo para la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

En tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, aseveró que es innegable que la proliferación de inmuebles que violan el uso de suelo se ha convertido en un grave problema para la Ciudad de México.

SE DEBEN REFORMAR diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de recolección de residuos en el mar.

La diputada Lía Limón García presentó, a nombre propio y de diputados del Grupo Parlamentario del PVEM, dos proyectos de decreto y dijo que se pretende establecer en la ley, la colaboración entre los pescadores y los distintos órdenes de gobierno para el mantenimiento del medio ambiente acuático.

Los pescadores deberán traer a tierra los residuos encontrados en el mar, tales como plásticos y residuos que encuentren durante su jornada. Estos deberán ser entregados para ser reciclados, a través de depósitos ubicados en vertederos, proporcionados por las autoridades municipales y los interesados en el reciclaje.

ESCLARECER EL CRIMEN. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó enérgicamente el feminicidio ocurrido en Ciudad Universitaria, el tres de mayo de 2017, en agravio de Lesvy Berlín Osorio Martínez.

Asimismo, exhortó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), a continuar con las investigaciones tendientes a esclarecer el crimen, y dar con los responsables; lo anterior forma parte de uno de los ocho dictámenes de la Primera Comisión, que el Pleno aprobó en votación económica.

El Pleno avaló otro dictamen que resuelve que las propuestas para convocar a un periodo extraordinario de sesiones sean remitidas a las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

EXHORTA a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a implementar y reforzar acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en suelo de conservación como en suelo urbano de la Ciudad de México.

Uno más, hace un llamado al gobierno del estado de Zacatecas a continuar implementando acciones para reforzar el combate al delito de extorsión en dicha entidad federativa.

Otro, exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a remitir un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los casos que no fueron recuperados.

También se exhortó al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe sobre los avances del cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.