Pérdidas humanas

Senadores de la República, encabezados por la presidenta de la Comisión de Protección Civil, Angélica Araujo Lara, participan en la Plataforma Global Reducción del Riesgo de Desastre 2017, que se realiza en Cancún, Quintana Roo, y que busca analizar estrategias para reducir los riesgos de pérdidas humanas y económicas cuando sucedan desastres naturales.

La senadora Araujo Lara señaló que este encuentro organizado por Naciones Unidas reúne a representantes de más de 190 países, quienes analizarán del 24 al 26 de mayo diversas propuestas para el mejoramiento de las leyes en materia de protección civil.

Al respecto, la legisladora por Yucatán recordó que hace unos días, el Pleno del Senado mexicano aprobó en el periodo ordinario de sesiones un dictamen que reforma la Ley General de Protección Civil y la Ley de Aguas Nacionales, en materia de Atlas de Riesgo, con el que se fortalece la detección oportuna de zonas peligrosas.

Refirió que esta reforma otorga atribuciones al Sistema Nacional de Protección Civil para requerir la información necesaria a las entidades federativas, estableciendo el tiempo máximo para mantener actualizado el Atlas, documento que reúne investigaciones para adoptar acciones que prevengan o mitiguen efectos de fenómenos naturales como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo.

Esas modificaciones legales establecen que las entidades federativas deberán promover, de acuerdo a su competencia, la fácil accesibilidad al Atlas Nacional de Riesgos, siguiendo las bases del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

El documento establece que la Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias y conocimientos necesarios para la acreditación de la capacitación formal de protección civil que ofrezcan o comercialicen personas físicas y morales.

Con la realización de la Plataforma Global Reducción del Riesgo de Desastre 2017, es la primera ocasión en que las partes comprometidas con la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), y la construcción de resiliencia en los asentamientos humanos, se reúnen desde la adopción del Marco de Sendai en 2015, durante la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD.

De esta manera, más de cinco mil representantes de los Estados, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, la sociedad, el sector privado y la comunidad de ciencia y tecnología, se reunirán para monitorear el progreso en la implementación de dicho marco e identificar medidas para avanzar en las metas del mismo.

Participan en esta cumbre mundial, por parte de México, los senadores Angélica Araujo Lara, Patricia Leal Islas y Jorge Toledo Luis.

Uso de fuerza pública

Más de mil 500 granaderos llegaron al pueblo de Santa María Aztahuacán en la delegación Iztapalapa, quienes resguardaron la entrada de maquinaria para la perforación de un pozo de agua.

El diputado del partido Morena José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, calificó este hecho como un acto de represión autoritario que viola los derechos de los habitantes de un pueblo indígena reconocido por la Sederec, el INAH e, incluso, por los registros de la actual secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.

El diputado reprobó el uso del rumor que emplearon las autoridades capitalinas el pasado 19 de mayo para mentir a los residentes al decir que la entrada de granaderos se debía a la captura de un narcotraficante.

Fue, a todas luces, una estrategia para que los vecinos no salieran de sus casas y no se opusieran a la entrada de maquinaria pesada para la perforación de un pozo en la Plaza de Santa Cecilia.

Ante estos actos, Suárez del Real y Aguilera adelantó que morena presentará, el próximo miércoles, un Punto de Acuerdo para condenar la acción policial, el uso del rumor y la falta de respeto de la delegada Dione Anguiano, quien el pasado 29 de marzo aseguró que la perforación y el funcionamiento del pozo no se llevarían a cabo ante la oposición vecinal.

Acompañado de habitantes del pueblo de Aztahuacán, el diputado federal de morena, Renato Molina, criticó el uso de la fuerza pública para el resguardo de maquinaria en agravio de los ciudadanos Iztacalquenses, la policía, dijo, debe de estar para garantizar la seguridad en la capital, sobre todo ahora que los índices delictivos van a la alza.

El legislador manifestó su desacuerdo con el actuar del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues no es la primera vez que los policías realizan funciones ajenas a su deber.

Al respecto, Angélica Juárez, habitante del pueblo, dejó en claro que la fuerza pública no puede entrar a la comunidad, ni las autoridades pueden disponer de sus recursos naturales porque Aztahuacán es un pueblo originario que se rige por sus propios usos y costumbres. Exigimos que nos dejen de tratar como colonia, somos un pueblo, subrayó.

Angélica Juárez denunció el acoso que viven las autoridades tradicionales, pues desde que manifestaron su oposición al pozo, han sido objeto de descalificaciones e intimidaciones.

Ejemplificó que se distribuyeron cerca de 70 mil panfletos en los que se atenta contra el Presidente de las Comparsas, además, las autoridades cerraron los negocios de quienes se manifiestan de manera activa en contra de este proyecto.

Juárez manifestó que el desacuerdo de los vecinos radica en su desconfianza en las autoridades, pues aunque éstas les dicen que el agua del pozo será para los habitantes del pueblo, ya no les creen.

Informó que ellos nunca recibieron agua de un pozo también ubicado en la Plaza Santa Cecilia, el cual está en funcionamiento desde hace 30 años.

Por su parte, Francisco Peña, también habitante del lugar, destacó que desde el 19 de mayo hasta la fecha, los granaderos se mantienen en las calles del pueblo, incluso, agregó, acordonaron 20 cuadras y apagaron las cámaras de seguridad durante siete horas.

Los vecinos reclamaron el actuar de Mancera, quien en el extranjero presume de los alcances de la nueva Constitución de la Ciudad de México en el tema de pueblos y barrios originarios, y en su territorio éstos son objeto de acoso.

El gobierno de la ciudad y el delegacional, violaron nuestros derechos a la autonomía y al respeto del territorio, a la consulta previa, libre e informada, al derecho de audiencia y a la transparencia y rendición de cuentas, reclamaron.

Al concluir, vecinos y legisladores exigieron a las autoridades capitalinas una asamblea con los habitantes de Santa María Aztahuacán donde se les informe sobre los hechos, se detenga la obra y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública salgan de este territorio.