Trabajo doméstico

El gobierno mexicano debe ratificar el Convenio 189 y la Recomendación 201de la Organización Internacional del Trabajo, para que las y los trabajadores del hogar cuenten con un trabajo decente que no viole sus derechos humanos.

La diputada Juana María Juárez López dijo lo anterior al participar en un encuentro de legisladoras de los ámbitos federal y local, así como trabajadoras del hogar, convocado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo Local.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de MORENA, lamentó la situación cotidiana que enfrentan las y los trabajadores del hogar que día a día padecen condiciones deplorables de explotación laboral y violaciones a sus derechos humanos, debido a un deficiente marco normativo que proteja sus derechos laborales.

Los poderes Legislativos, dijo, somos responsables de emprender las acciones en esta materia que permitan la cabal protección de los derechos de las trabajadoras del hogar, procurando el mejoramiento de su calidad de vida, a través de garantizar la igualdad de oportunidades y trato, así como el irrestricto respeto de sus derechos humanos.

Según la Organización Internacional del Trabajo, agregó, a nivel mundial unos 53 millones de personas se dedican al trabajo doméstico como una forma de ingreso económico, y de ellas, 83% de todas las trabajadoras domésticas son mujeres. Sin embargo, estas cifras no incluyen a niñas y niños dedicados al trabajo doméstico.

Señaló que en la presentación de resultados sobre trabajadoras domésticas de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México ENADIS 2010, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Estado no cumple con su obligación de velar por los derechos de estas trabajadoras, lo que “provoca que este sector laboral se vea expuesto a actos de discriminación, explotación y maltrato, que pueden llegar a situaciones de servidumbre y esclavitud.”

Agregó que México, como integrante de la OIT, tiene la obligación de presentar el Convenio 189 y la Recomendación 102 a sus órganos legislativos nacionales, en nuestro caso al Congreso de la Unión, para que se generen acciones para proteger los derechos laborales de estas personas.