Descongelen San Lázaro
La Cámara de Diputados debe sacar de la congeladora la iniciativa que aprobó el Senado de la República para endurecer las penas por portación de armas de fuego.
La vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la ALDF, Nury Delia Ruiz Ovando, recordó que dicha propuesta de modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue avalada por la Cámara alta en diciembre pasado, pero desde febrero se está a la espera de que la Cámara de Diputados, haga lo propio.
Dijo que de acuerdo a todos oficiales, el 47 por ciento de los homicidios dolosos que se registran en la capital del país se producen en riñas, fiestas o discusiones donde hay armas de fuego, “cada día crece el número de personas presentadas ante autoridades federales por portación y uso de armas de fuego, lo que requiere regularse con más fuerza antes de que signifique un mayor problema”, enfatizó.
Compartió la preocupación del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien criticó que cada día sean detenidas en la Ciudad de México entre cuatro y cinco personas por portar armas de manera ilegal las cuales en 24 horas son liberadas lo que representa un incentivo para la delincuencia.
“La proliferación de armas en la capital se refleja en el caso de los escoltas de políticos, empresarios y otras personalidades, que más tardan en ser detenidos que en recuperar su libertad”, indicó.
En este sentido, insistió en que es inadmisible que los legisladores federales aún no hayan aprobado la iniciativa de reforma que endurece las penas por la portación de armas de fuego sin el permiso correspondiente, también avaló aumentar los requisitos para obtener una licencia que permita utilizarlas.
En las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de Posesión y Portación de Armas de Fuego, la Ley Federal de Procedimientos Penales en Materia de Posesión y el Código Penal Federal, se establece que la sanción para quien porte, fabrique o importe armas sin permiso sea de siete a quince años de prisión, y no de dos a siete años, como está dicho en el texto vigente.
En otro establece que la Secretaría de Defensa Nacional será la encargada de otorgar licencias para la portación de armas, estableciendo varias restricciones.
Los civiles que soliciten una licencia, dice el dictamen, deberán comprobar la necesidad que tienen para la portación de armas, además de presentar una acreditación de no tener antecedentes penales.