Control de recursos
La iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Ciudad de México, es el objetivo de lograr una mejora administrativa, mayor transparencia y control interno de los recursos de la capital del país.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF, Andrés Atayde Rubiolo, explicó que para la redacción de esta iniciativa se tomó como base la ley vigente en la materia de la Ciudad de México y de las 31 entidades.
Dijo, se siguieron las recomendaciones emitidas por la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contenidas en el documento “OCDE, Recomendación del Consejo sobre contratación Pública”, entre las que destaca asegurar un adecuado nivel de transparencia a lo largo de todas las etapas de contratación pública.
Para atender esto, el diputado local incluyó en su propuesta la creación del Sistema Electrónico de Compras Públicas, que actuará como centralizador de información referente a las licitaciones públicas y estará de manera electrónica y disponible a todo público.
"Se establecen criterios de evaluación, con los que se propone la utilización de un mecanismo para la elección de propuestas técnicas y económicas en una licitación pública, como son: Criterios de Evaluación Binario, de Costo-Beneficio y por Puntos Porcentajes.
Esto nos dará como resultado concursos más transparentes, dejando sin la posibilidad de beneficiar a uno o a algunos interesados", detalló.
Además, sostuvo que en esta iniciativa se incluye la evaluación de precios de referencia, al establecer un Catálogo de Precios de Bienes y Servicios de Uso Común, el cual, dijo, estará de acuerdo con la realización del Sistema Electrónico de Compras Públicas, donde se podrá contar con un medio electrónico más próximo tanto a los proveedores, como a los interesados en conocer el manejo de los recursos dentro de una licitación pública.
Para ello, el asambleísta indicó que se propone la elaboración de un padrón de precios de bienes y servicios de uso común, con el objetivo de contar con información de un precio mínimo y un máximo al que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México podrán adquirir, sirviendo como sondeo de mercado, mismo que se actualizará permanentemente y será publicado en dicho sistema únicamente para su consulta.
"Respecto a la transparencia y control interno, se establece la elaboración de evaluaciones e informes públicos de resultados que analicen y, con base en metodologías correspondientes al sistema de evaluación fijado en la Constitución, examinen las políticas y programas llevados a cabo en la materia de adquisiciones. Dichos informes se propone sean vinculantes para la elaboración de los programas del siguiente ejercicio", expuso.
Asimismo, informó que, en cuanto al Sistema Electrónico de Compras Públicas, análogo al sistema CompraNet regido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de las Entidades Federativas, elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se busca fomentar los instrumentos tecnológicos para eficientar su administración y así cumplir con los principios de máxima publicidad y de gobierno abierto, permitiendo, dijo, conocer los requisitos, bases y anexos que permitan la igualdad de condiciones al momento de presentar las propuestas, siendo actualizado de manera permanente.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN abundó que en esta propuesta también se establece la participación de la ciudadanía en las contrataciones por medio de los Testigos Sociales, mismos que estarán presentes en todos los procedimientos de la licitación, con el objetivo de vigilarlo y, en su caso, emitir alguna recomendación u observación a la Contraloría.
Además, apuntó que en esta iniciativa se contempla la creación del procedimiento de Convocatoria Amplia, que consiste en publicar en la Gaceta Oficial, en el Sistema y en por lo menos un diario de circulación nacional, que alguna dependencia, entidad, órgano desconcentrado o alcaldía ha planeado la adquisición, arrendamiento o prestación de servicios que no se encuentren en el Catalogo de Bienes o que se encuentre una oferta muy limitada en el Padrón.
Dadas las nuevas facultades y atribuciones para el control interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, se propone integrar este nuevo esquema de contralorías con grado de independencia del ente público, así como la figura de los contralores ciudadanos