ProAire Megalópolis

La Comisión Permanente solicitó a las entidades federativas que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) un informe sobre los avances y resultados de las nuevas medidas de verificación vehicular vigentes desde el primero de julio de 2016.

El reporte, que deberá entregar en un plazo no mayor a 15 días naturales, tiene que incluir las medidas para garantizar la correcta operación de los "verificentros", así como el impacto que han tenido en la calidad del aire de la zona centro del país.

En un dictamen que se aprobó en la sesión del pasado 14 de junio, senadores y diputados también hicieron un llamado a la CAMe para que impulse la homologación de las medidas de contingencia ambiental atmosférica por ozono, entre los estados que forman parte de esta instancia.

Además, pidieron que se evalúe la pertinencia de crear un grupo de expertos de la sociedad civil, que colabore con la toma de decisiones de la aplicación de los mecanismos de contingencia.

En el documento aprobado, se destaca que “en la Ciudad de México se vive una crisis de calidad del aire”, pues desde el pasado 15 de mayo “se han respirado concentraciones de ozono entre los 150 y 170 microgramos por metro cúbico, lo que ha llevado a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a decretar la Fase 1 de Contingencia consecutiva más larga en décadas”.

Cabe resaltar que las directrices propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) proponen como umbral máximo 100 microgramos por metro cúbico.

Específicamente para la Ciudad de México, nueve mil vidas se salvarían anualmente con los límites máximos recomendados por la OMS y, al menos, dos mil en caso de seguir lo que marcan nuestras propias normas.

En este contexto, la Asamblea también solicitó a la CAMe un informe de los avances en la elaboración del programa ProAire para la Megalópolis y que en la elaboración de éste se establezcan metas estrictas de calidad del aire y fechas límite de cumplimiento.

Consideraron indispensable que se dé prioridad al ozono y partículas PM2.5 y se fije una lista de acciones priorizadas con base en la reducción de emisiones demostrables de alto impacto y con un costo-beneficio razonable.