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Desfalco millonario

Ante el grave desfalco que se cometió en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), durante la gestión de Alfredo Del Mazo, dicha institución deberá entregar un informe urgente al Congreso de la Unión al respecto, así como sancionarlo por haber otorgado ilegalmente créditos por más de 91 millones de dólares a Óscar Fernández Luque, excolaborador suyo y accionista de la empresa Rotary Drillrigs International (RODISA).

Lo anterior se desprende de un Punto de Acuerdo del diputado Vidal Llerenas Morales y el senador Mario Delgado Carrillo, que presentaron ante la Comisión Permanente el 24 de mayo, y que fue turnado a la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales de 2017.

En el marco de la reunión de la Tercera Comisión, que se llevó a cabo el 20 de junio, la diputada Rocío Nahle García dio a conocer esa propuesta de Morena, tras la discusión de un Punto de Acuerdo de legisladores del PRD, para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe sobre el estatus actual de una averiguación previa sobre un crédito otorgado por BANOBRAS a la citada empresa.

“Lo que se pidió es que la Comisión Permanente solicite a la PGR que informe sobre todas las gestiones que se han realizado para detener a Óscar Fernández Luque y demás responsables en el quebranto al erario público, permitido por Alfredo Del Mazo, al autorizar un crédito de más de 91 millones de dólares de BANOBRAS, y sobre las acciones para recuperar los recursos de dicho crédito”, puntualizó.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que la propuesta de Llerenas Morales y Delgado Carrillo también incluye una petición a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Que investiguen y determinen las responsabilidades en que incurrió Alfredo Del Mazo por autorizar un crédito en un claro conflicto de intereses, a favor de un excolaborador suyo, así como por entregar los recursos del crédito a sabiendas que existían acciones fraudulentas en la operación de la empresa beneficiaria”, subrayó.

Según el Punto de Acuerdo, el 13 de agosto de 2013, cuando Alfredo Del Mazo era Director General de BANOBRAS suscribió un contrato de crédito con RODISA, por 91 millones 493 mil 914 dólares, equivalentes en ese entonces a mil 208 millones 84 mil 888 pesos.

“Óscar Fernández Luque, quien ahora mismo es prófugo de la justicia, había sido dirigente del sector popular del PRI y Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Huixquilucan en la gestión de Del Mazo Maza, y se había convertido en el principal accionista de la empresa”.

En el texto se destaca que en 2011, a menos de un año de haberse constituido, RODISA ganó dos contratos para proveer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) cinco equipos de perforación terrestre de pozos y brindar asistencia técnica hasta 2017.

“Sin embargo, mediante la falsificación de documentos en perjuicio de PEMEX, otra vez como en el caso de Oceanografía, personajes ligados a la cúpula del poder lograron obtener la citada línea de crédito”.

Asimismo, se desprende que RODISA hizo diversas disposiciones del recurso y que solamente le faltó disponer de 209 pesos de los más de 91 millones de dólares autorizados por BANOBRAS, cuando Alfredo Del Mazo estaba al frente de esa institución crediticia.

Pérdidas humanas

Las enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, problemas respiratorios y cardiovasculares, representan el 70 por ciento de las muertes en el mundo.

La regulación de salud es la acción de proteger a la población contra los peligros sanitarios, tarea que se complementa con la prevención. Está comprobado que a mayor capacidad de la agencia regulatoria, menor es la carga y discapacidad por enfermedades no transmisibles, mencionó Carlos Pedro Santos Burgoa, director general de Promoción de la Salud de la Red Mexicana de Municipios por la Salud.

Durante el simposio “El desarrollo de la capacidad para la regulación en salud en México”, que se realizó ayer en la Academia Nacional de Medicina de México, Santos Burgoa señaló que en una regulación de salud se requiere una arquitectura tecnológica y humana, financiera, organizacional, legal y de gobernanza: “Es una función esencial de la salud pública y está íntimamente vinculada al desarrollo económico y social”.

La regulación en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, problemas respiratorios y cardiovasculares, es de gran importancia en México y en el mundo, ya que representan el 70 por ciento de todas las muertes a nivel mundial, precisó el doctor Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública.

Existen cuatro factores de riesgo en enfermedades no transmisibles: consumo de tabaco y alcohol, dietas no saludables y la inactividad física. “La regulación en salud es indispensable para la prevención y control de las enfermedades; el proceso regulatorio requiere de la rectoría del gobierno y la participación de la academia, la sociedad civil y la industria”, subrayó Rivera Dommarco.



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