Reforma laboral

Con el objetivo de generar los mejores planteamientos que concreten un verdadero avance en materia de justicia laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), de esta capital organizaron el Foro Nacional Justicia Laboral.

Hacia una transición incluyente, del cual surgirá la propuesta que será entregada al gobierno federal con miras a la generación de las leyes secundarias de la reforma laboral aprobada en 2016.

Al encabezar la inauguración de este evento que congregará voces plurales de distintas partes de nuestro país, la Presidenta de la JLCACDMX , Darlene Rojas Olvera, reiteró su llamado para que en la formulación de la nueva ley, sean tomados en cuenta todos los sectores del ámbito laboral, especialmente de los directamente relacionados con la impartición de justicia.

Ante destacados representantes de los sectores académico, obrero, patronal y de gobierno, Darlene Rojas insistió en que sería un error formular un cambio sin tomar en cuenta los verdaderos problemas que prevalecen en la materia y sin escuchar las voces de quienes día a día padecen los retrasos de un sistema que ha quedado rezagado frente al crecimiento de la demanda.

“Estamos a tiempo de presentar una propuesta que genere un verdadero cambio en lo que a impartición de justicia laboral se refiere. Estamos conscientes de la necesidad de un cambio, pero reiteramos que tiene que venir acompañado de propuestas plurales que tomen en cuenta todas las opiniones, a todos los actores y sobre todo, a los justiciables”, destacó la funcionaria.

En ese sentido, Rojas Olvera destacó la necesidad de que este cambio vaya acompañado de un presupuesto suficiente que haga frente a la demanda actual, pues de lo contrario, cualquier cambio legal será insuficiente para lograr el progreso que se requiere.

“Lo que planteamos es que haya una transición eficaz, que podamos de manera paulatina realizar el cambio establecido en la reforma laboral. Precipitarnos llevaría a colapsar de inicio a los nuevos tribunales y retrasaría las mejoras que se pretendieron al formular el cambio en la ley”, concluyó.

Durante su participación, el Senador de la República , Alejandro Encinas, se congratuló por el impulso al debate respecto al nuevo modelo de justicia laboral, sobre todo en los tiempos en que hay una profunda precariedad en la materia y es urgente una reflexión al respecto.

Ante esto, confió que la discusión iniciada durante estos trabajos impulsados por la JLCACDMX y la STyFE , tengan continuidad en el ámbito legislativo para el mes de agosto.

“Creemos que sería muy oportuno que las conclusiones que el día de hoy y mañana se alcance, podamos debatirlas en el ámbito del Congreso de la Unión y con mi compañero Senador, Tereso Medina y un servidor, estamos en la idea de que esta discusión pueda tener continuidad en el Senado de la República durante el mes de agosto”, enfatizó.

En tanto, la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García, quien de manera conjunta con la titular de la JLCACDMX convocó a este foro, destacó la pluralidad de ideas que se plasmarán en dicho evento, que confió, sea tomado en cuenta por las autoridades federales para la construcción del nuevo sistema de justicia laboral.

Al respecto, dijo que para la implementación de la reforma laboral se requiere presupuesto, capacitación y sobre todo, definir cómo será el proceso de transición al nuevo modelo.

“Para la implementación de la reforma se requiere prácticamente todo, aún más la presencia profesional de muchas y muchos integrantes de los integrantes de las juntas locales que cuentan con una gran experiencia”, afirmó.

Durante su intervención, el Consejero Jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, dijo que para el nuevo modelo de justicia laboral que propone la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de tribunales laborales y centros de conciliación, la capital del país tiene un reto mayor que cualquiera de las entidades de nuestro país, pues destacó que para ello se requiere de una inversión superior a los mil 200 millones de pesos.

“En este proceso es crucial que no pasemos por alto la situación de los cientos de trabajadores de las juntas locales, ya que debemos encontrar la manera de incorporarlos gradualmente a los nuevos órganos para garantizar su seguridad social”, agregó.