Declaraciones patrimoniales
A fin de lograr el óptimo funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Primera Comisión aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de Participación Ciudadana del Sistema que, conforme al principio de máxima transparencia, defina los formatos sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses, y remita un informe sobre los criterios y metodología adoptados para ello.
El dictamen correspondiente, precisa que, si bien el Comité de Participación tiene la facultad de definir la propuesta de dichos formatos, estos deberán ser sometidos posteriormente a consideración del Comité Coordinador, “por lo que se considera pertinente se lleve a cabo la definición de dicha propuesta de formatos, sin la cual no es factible arribar a la correspondiente aprobación”.
Adicionalmente, se debe de cumplir con los requerimientos de máxima publicidad y transparencia adoptados con organismos internacionales para el combate a la corrupción, firmados por México, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En reunión de trabajo, la Primera Comisión aprobó un total de 14 dictámenes, entre los que destaca un punto de acuerdo, que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presente un informe respecto del cambio de ruta, así como los estudios técnicos, de seguridad y de protección civil en relación con el tren interurbano México–Toluca.
Se aprobó también un dictamen mediante el cual se pide al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre el funcionamiento de los dispositivos con los que se realizan las fotomultas y los criterios para determinar su monto.
Por otra parte, se planteó que se remitan solicitudes a los titulares del Servicio de Transportes Eléctricos y del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT), sobre la situación actual de sus respectivos trenes e instalaciones, a fin de analizar las garantías que de seguridad que se brindan a los usuarios.
En otro dictamen, se acordó que se solicite al Gobierno Federal y de los estados que se coordinen en la implementación de políticas públicas relacionadas al uso de espacios adecuados para la estancia de las hijas e hijos de la población penitenciaria.
También se exhorta, en otro punto de acuerdo, a las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas a valorar la aplicación del artículo Décimo Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto de las solicitudes de libertad anticipada existentes en sus respectivas adscripciones.