Sector público ahorros

Los gobiernos han reaccionado de distinta manera a las nuevas demandas que se les han impuesto desde la crisis mundial, muchos han aumentado el gasto en servicios sociales, algunos han recortado el empleo en el sector público y la mayoría ha estabilizado los gastos de funcionamiento cotidianos en un nivel más bajo.

El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que los países ahora deben tratar de corregir la disminución constante de la inversión pública desde 2009.

Panorama de las Administraciones Públicas 2017, detecta que el gasto público promedió 40.9% en los países de la OCDE en 2015, un porcentaje mayor al 38.8% de 2007, antes de la crisis.

El número de empleos en la administración pública como porcentaje del empleo total en los países de la OCDE también aumentó ligeramente a 18.1% en 2015, contra 17.9% en 2007; a pesar de las promesas generalizadas de recortar puestos de trabajo conforme a las medidas de austeridad posteriores a la crisis.

Mientras el envejecimiento de la población y el fuerte desempleo hicieron subir los costos sociales al 41% del gasto total en 2015, contra 37% en 2007, los gobiernos utilizaron los recortes de costos y las mejoras de eficiencia para reducir los gastos de funcionamiento de 39% del gasto, al 37%.

Entre tanto, a pesar de las bajas tasas de interés, la inversión pública disminuyó desde un máximo en 2009 de 9.3% del gasto, a 7.7% en 2015.

El gasto público como porcentaje del PIB es mayor en Francia (56.5% en 2016), seguido de Finlandia (56.1%)y Dinamarca (53.6%). El gasto es más bajo en 2015 (el dato más reciente) México (24.5%), Irlanda (29.5%) y Corea (32.4%)

En promedio, el empleo público bajó en 2011-2012 y luego se recuperó durante 2014-2015. La proporción del empleo público disminuyó al máximo en el Reino Unido e Israel durante 2007-2015, y aumentó más en la República Checa, Estonia, Hungría, Eslovenia y España.

La quinta edición de la comparación bienal de la OCDE sobre el desempeño del sector público en las principales economías encuentra que el mayor porcentaje de la inversión pública va a sectores económicos como el transporte y la energía.

El siguiente mayor porcentaje (15%) se destina a la defensa. Restablecer la inversión pública en áreas como la infraestructura, la tecnología, la energía ecológica (verde) y la educación debería tener un efecto positivo sobre el empleo y los servicios de salud en el futuro, señala.

Trabajar para aumentar más la eficiencia y la productividad —incluso mediante revisiones del gasto, la evaluación del desempeño y los conocimientos sobre el comportamiento— y centrarse en áreas fundamentales como la contratación pública en el sector salud podrían generar más ahorros que podrían canalizarse a inversiones públicas muy necesarias.

Los datos de encuestas de 2016, en el informe, sobre los sueldos en el gobierno central muestran una tendencia a recompensar las responsabilidades directivas sobre la especialización técnica.

En promedio, los directores del más alto nivel ganan 27% más que los altos directivos, 72% más que los mandos medios, 2.6 veces más que los expertos de nivel superior y cuatro veces más que el personal de apoyo.

Ajustado por el PIB per cápita para explicar las diferencias en desarrollo económico, los directores del más alto nivel y los mandos medios ganan más en México y Colombia y ganan menos en Islandia y Noruega. La diferencia salarial entre los directores del más alto nivel y los mandos medios es la más alta en Australia, Chile, Canadá y el Reino Unido.

El informe también examina los sueldos de representantes públicos como la policía, funcionarios de inmigración e inspectores fiscales. Encuentra que los agentes de policía en la nómina del gobierno central ganan un promedio de USD 64,795 (a paridad del poder adquisitivo), mientras los inspectores de la policía ganan USD 81,952. Ajustado por las diferencias en el PIB per cápita, los agentes de policía ganan más en Grecia, España y Portugal.

Dinamarca, Noruega y Suecia tienen los niveles más altos de empleo público, casi el 30% del empleo total. Los países asiáticos dependen menos del personal del sector público, los puestos en el gobierno solo constituyen el 6% del empleo en Japón y el 7.6% en Corea.

Los países de la OCDE más descentralizados son Suiza —más del 90% del personal gubernamental trabaja en el nivel subcentral—, luego Alemania y Japón. Los más centralizados son Turquía e Irlanda con alrededor del 90% empleado en el nivel central del gobierno.

Los ingresos del gobierno central en la zona de la OCDE se financiaron en un 72.5% mediante impuestos en 2015 (desde 47.6% en Noruega hasta 91% en Bélgica); 16.1%, mediante aportaciones sociales (el más alto fue Estados Unidos, 33.7%), y el resto mediante las ventas de activos, subsidios y otros ingresos.

El uso de las revisiones del gasto aumentó desde la crisis, 23 países de la OCDE las utilizaron en 2016 a diferencia de 16 en 2011. Diez países afirman que las revisiones del gasto los ayudaron a cumplir con el 90% o un porcentaje mayor de sus objetivos fiscales (Canadá, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Suecia, Suiza, México y el Reino Unido), pero nueve no pudieron evaluar su éxito (Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Polonia, Portugal y Estados Unidos).

El porcentaje de ciudadanos de la OCDE que expresan confianza en sus gobiernos bajó a 42% en 2016, contra 45% en 2007 (encuesta mundial Gallup 2016). La mayor pérdida de confianza ocurre en Chile, Finlandia, Grecia y Eslovenia. Más de dos terceras partes de los ciudadanos de la OCDE están satisfechos con sus sistemas de atención de la salud y educación, pero solo el 55% confía en el sistema judicial y los tribunales.

Las mujeres conforman el 53% de los jueces en los países de la OCDE, pero solo el 29% de los parlamentarios y el 28% de los ministros. En 2017, Canadá, Francia, Eslovenia y Suecia tienen igualdad de género en los puestos del gabinete; pero las mujeres solo ocupan un puesto en Turquía y ninguno en Hungría.

Desde 2006, se ha triplicado el uso de los servicios de gobierno digital en los países de la OCDE; en 2016, aproximadamente el 36% de los ciudadanos de la OCDE entregaron formularios en los sitios web de las autoridades públicas.