Hijos padres separados
En Sesión Extraordinaria el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), turnó a comisiones iniciativas que buscan ampliar y reforzar derechos de diversos grupos de la sociedad, tal es el caso de los hijos de padres separados, de madres solteras, así como de adolescentes e integrantes de pueblos y barrios originarios.
De igual manera, integrantes de la VII Legislatura enviaron para su análisis iniciativas con proyectos de decreto para reformar la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y por el proyecto por el que se crea la Ley de Consulta y Consentimiento previo de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México.
Asimismo, se envían a comisiones las iniciativas de decreto que abrogan la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; la Ley del Notariado del Distrito Federal y la Ley Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal.
En lo que respecta a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 311 quintos del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en materia de obligación de las y los servidores públicos que laboren en la Ciudad de México y en el que se sujeten controversias ante jueces de lo familiar con residencia judicial en la Ciudad de México, el diputado Raúl Antonio Flores García, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló en tribuna que es imperante que los servidores públicos sean los primeros obligados en cumplir con todos y cada uno de los mandatos constitucionales encomendados por el Estado desde cualquier ámbito y nivel.
“El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México señala que cada año se tienen más de 70 mil juicios y recursos por incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Cualquier caso en que los padres o madres se desentiendan de la manutención de sus hijos resulta vergonzoso, pero más aún cuando se trata de personas que tienen una función pública”, dijo.
Ante ello, complementó se plantean reformas y adiciones al marco jurídico actual que los incumplimientos de la ley en este sentido sean perseguidos de oficio y no por denuncia o querella.
A la iniciativa se suscribieron los diputados Iván Texta del PRD a nombre propia y de su fracción, Ana María Rodríguez de Morena, Mariana Moguel y José Encarnación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por otro lado, el diputado José Alfonso Suárez del Real de Morena presentó una reforma a la Ley de Protección Animal cuyo objetivo es reforzar el respeto a través de cinco libertades que garantizan este bienestar animal: libre de hambre, sed y desnutrición; libre de miedo y angustias; de incomodidades físicas o térmicas; de dolor, lesiones o enfermedad, y libre para expresar las pautas propia de comportamiento.
“Estas cinco libertades están expresadas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, por sus siglas en inglés. Por ello destaca el diputado, que ningún particular puede vender, alquilar, prestar o donar animales para que se realicen experimentos en ellos, y que queda prohibido capturar a animales abandonados y entregarlos voluntariamente o establecer programas de entrega voluntaria de animales, vivos”, afirmó.
En su oportunidad el legislador Paulo César Martínez también de Morena presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Consulta y Consentimiento previo de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México.
El objetivo de la Ley, anotó Martínez es garantizar la efectiva participación de esta población en la toma de decisiones y participación en los procesos de consulta ciudadana en las diversas consultas que se realizan en la Ciudad, particularmente en las que les concierne, ya que actualmente los pueblos y barrios originarios están siendo afectados por los mega proyectos y programas como el Programa General de Consulta.
“La idea es que se reconozcan sus de derechos, y no se vean como objetos de políticas públicas, al mismo tiempo que se garantice su participación y empoderamiento vinculados a su derecho de autonomía y libre determinación”, destacó.
En otro tema, el diputado Luis Alberto Mendoza del Grupo Parlamentario del Acción Nacional expuso la iniciativa que abroga la Ley de Justicia para Adolescentes para la Ciudad de México.
La intención de lo anterior, externó el legislador es conseguir mejoras en la resolución de controversias penales en delitos no graves de adolescentes.
“Planteamos un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, separado del Sistema de Ejecución Penal aplicable a menores de edad que se encuentren en conflicto con la ley”, explicó