Sanción a funcionarios

Se deben de endurecer las sanciones penales a todos aquellos padres y madres que sean servidores públicos y que no cumplan con la pensión alimenticia de sus hijos y que, en su caso, la persecución por incumplimiento sea de oficio y no por querella o denuncia.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF), Raúl Flores, presentó una iniciativa ante el Pleno de Donceles para hacer modificaciones a los Códigos Civil y Penal del Distrito Federa, para lo anterior.

Dijo que la ley señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Es responsabilidad de los ascendientes, tutores y custodios que tienen el deber de preservar dichos derechos.

El perredista pidió adicionar el numeral 311 quintus del código penal para el Distrito Federal, el artículo 196 Bis del mismo documento, y también planteó reformar el artículo 15 del Código de Ética para los Servidores Públicos en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Con ello, dijo, también se iría en concordancia con lo que indican la Constitución Política de la Ciudad de México y también la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del Distrito Federal.

Flores García indicó que esta iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de aquellos hombres y mujeres que han procreado hijos y que son funcionarios públicos, pues estos deberían ser los primeros obligados en cumplir con todos y cada uno de los mandatos constitucionales encomendados por el Estado, que ya se encuentran regulados en los numerales 193 al 199 del Código Penal para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, pero que no consideran la condición de conducta ejemplar a la que deben estar obligados.

El diputado local ejemplificó con el conocido caso del ex ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro David Góngora Pimentel, quien se desentendió de cuatro hijos que tuvo con dos mujeres diferentes, argumentando todo tipo de alegatos absurdos, como pertenecer a un estatuto social medio bajo, cuando el ostentoso sueldo y las excesivas prerrogativas que reciben los ministros de la Corte ha sido durante años motivo de indignación en la opinión pública.

"Con ello buscamos no sólo sancionar el acto comisivo de índole penal, sino garantizar el derecho de las y los hijos a tener cubiertas su necesidades de alimento, vivienda, educación, salud y esparcimiento mientras sean menores de edad.

Además, el que los funcionarios públicos cumplan o se desentiendan de su obligación de cubrir en tiempo y forma las pensiones alimenticias de sus hijos debe ser considerado como un relevante indicador de ética y responsabilidad".

El también presidente del PRD en la CDMX recordó que en 2013 diputados locales del PRD propusieron procedimiento de oficio a padres deudores, mismo que no prosperó, pero sin duda un importante avance ocurrió en el 2015 cuando Sol Azteca impulsó y logró el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo que ahora permite exhibir públicamente a los padres incumplidos.

Y a fin de abonar a la política de transparentar no sólo los recursos de los servidores públicos sino también su actuar, el diputado local también propuso que en el esquema de rendición de cuentas denominado 3 de 3 (declaración patrimonial, de intereses y de impuestos) se debería de incluir, en caso de existir, toda información respectiva a la o las pensiones alimentarias de cada sujeto obligado.

"Existen casos en que si la declaración de ingresos de varios servidores y figuras públicas que tienen deudas por pensión alimentaria fuera veraz y confiable, y realmente cumplieran con todas sus obligaciones alimenticias, simplemente no tendrían oportunidad de solventar sus propias necesidades con el ingreso reportado o declarado, por lo que claramente estaríamos frente a un sujeto que falsea el monto real de sus ingresos."

Raúl Flores recordó que actualmente 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y que 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia de los padres de sus hijos, cifras que calificó de "brutales" si se considera que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX da entrada cada año a más de 70 mil juicios y recursos por incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Por ello insistió en que burlar la ley por parte de los servidores públicos sólo abona a la impunidad y a la violación de los derechos de los niños y las niñas de las Ciudad de México, que se precia de ser libertaria, solidaria y respetuosa de los derechos humanos.