Servicio penales

Un paquete de iniciativas encaminadas a crear un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y formar un marco notarial dirigido a los prestadores del servicio en términos de legalidad aplicable de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar, se dio a conocer.

Para el primer documento, el Vicecoordinador del GPPAN, diputado Luis Mendoza Acevedo expuso ante el Pleno de la ALDF que se trata de mejorar la resolución de controversias penales en delitos no graves.

“Planteamos un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, separado del Sistema de Ejecución Penal aplicable a menores de edad que se encuentren en conflicto con la Ley”.

Se constituye un conjunto de normas e instituciones para dar respuesta a la situación de las personas menores de edad imputadas o encontradas responsables de la comisión de delitos.

“Existe la visión de establecer un régimen penal especial para adolescentes, que cumpla con el objetivo de proteger al adolescente de las penas abusivas y de los efectos adversos que su imposición puede ocasionar en su desarrollo”.

En materia notarial, el panista Luis Mendoza propone preceptos de la ley vigente, que permiten a los prestadores de este servicio, participar con tarifas reducidas y convenidas por el Colegio de Notarios y autoridades competentes, para programas de fomento a la vivienda y regularización de la tenencia de la propiedad inmueble.

“La presente propuesta no sólo busca regular la actividad notarial, ya que también reconoce los derechos de las personas frente a los notarios, tales como ser atendidos con profesionalismo y ser informados de las exenciones, beneficios fiscales y facilidades administrativas aplicables al trámite solicitado”, dijo.

Los notarios, advirtió, deben cumplir con el ejercicio de su actividad, en la justa medida en que se requiera, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración de justicia respecto de asuntos en que no haya contienda.

Esto, en función de procurar la certidumbre jurídica, las personas podrán solicitar y obtener el original o copia certificada de los documentos con los que se acredite el pago de los impuestos y derechos generados por la operación celebrada.