polémico financiamiento
Las reformas electorales, lejos de abaratar el costo de la democracia –incluido lo electoral– lo han incrementado. El presupuesto operativo que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca recibir en 2018 asciende a 18 mil 256 millones de pesos, 43 por ciento más que en 2012, cuando se realizaron las anteriores elecciones presidenciales. La Comisión de Presupuesto del INE presentó ayer su anteproyecto de presupuesto para el año próximo, que será en total de 25 mil 45 millones de pesos, considerando el también polémico financiamiento público para los partidos políticos.
La cifra de 18 mil 226.4 millones se divide en 9 mil 931.08 millones de pesos de presupuesto base y 8 mil 295.35 millones para proyectos. De este monto, el 60 por ciento se destinará a hacer las elecciones y el 19 por ciento a dotar a los mexicanos de una identificación, la Credencial para Votar, así como resguardar los datos que contiene el Padrón Electoral; es decir, 4 de cada 5 pesos del presupuesto del INE se destinan a asegurar que nuestros representantes sean elegidos de forma democrática.
En el presupuesto de operación base del Instituto, en términos reales, hay un aumento de 7.1 por ciento frente al 2017 por tres razones: 1.7 por ciento es para alquileres adicionales, derivados en buena medida de la redistritación que involucró mover 42 juntas distritales en el país; 3.9 por ciento por la variación del tipo de cambio y 1.5 por ciento más por la incorporación de plazas al Servicio Profesional Electoral por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De ese incremento, 52.1 por ciento corresponde a las tareas de capacitación y organización electoral (donde destacan la instalación de casillas y la realización de cómputos y recuentos); 18.6 por ciento, a las tecnologías de la información aplicadas al Proceso Electoral (dispositivos móviles para trabajo de campo de capacitadores y asistentes para capturar información de capacitación, sistemas de seguimiento de la Jornada Electoral, transmisión de datos de conteos rápidos, la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares); 15.4 por ciento, a actividades del registro de electores (que incluyen la impresión de los listados nominales para cada partido en cada casilla electoral, la operación del voto de los mexicanos desde el exterior y la realización de conteos rápidos), así como 12.6 por ciento a la tarea de fiscalización nacional exhaustiva y expedita de candidatos y precandidatos a los 3 mil 416 puestos que se elegirán. El INE no tiene otra prioridad que cumplir con sus atribuciones constitucionales y servir a la ciudadanía organizando elecciones libres, equitativas y confiables. Mucho dinero para un trabajo que realiza la ciudadanía con tan pobres resultados.
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