Trata de personas
Con el objetivo de combatir la trata de personas, la diputada federal Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, pidió a los gobiernos federal, estatales y municipales, fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevención de este delito, pero también mejorar las medidas de atención a víctimas.
En entrevista, la legisladora turquesa comentó que de acuerdo con datos divulgados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el estudio “Sobre la Situación de la Trata de Personas en México”, de un total de 2 mil 843 víctimas, el 93 resultaron mujeres y un 26 por ciento menores de edad.
“Las cifras evidencian la necesidad de sumar esfuerzos en los tres órdenes de gobierno para combatir este flagelo, así como sensibilizar a la sociedad civil de los daños físicos y psicológicos que se producen en las víctimas”, expresó la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Sánchez Ruiz informó que según información de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en el 2016 en el país hubo un total de 706 víctimas de trata, de las cuales 696 son mexicanas y 10 extranjeras, la mayoría de ellas mujeres.
Por ello, la diputada aliancista señaló que las víctimas de trata, que pueden ser explotadas laboral o sexualmente, deben contar con el respaldo del gobierno mexicano, así como la garantía de que esta situación no se repetirá y que los agresores enfrentarán un proceso penal con todo el peso de la Ley.
Asimismo, destacó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) reveló que este crimen presentó niveles de crecimiento alarmantes en México y en Latinoamérica el año pasado.
A manera de ejemplo, citó que el 57 por ciento de los habitantes de Centroamérica y el 55 por ciento de la población sudamericana enfrentó una situación de este tipo, según información de la propia UNODC, lo que consideró como grave.
La legisladora oaxaqueña declaró que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violación de los derechos de personas con fines mercantiles, es un delito que pertenece tanto al fuero común como al fuero federal, de ahí la importancia de implementar programas que coadyuven a la erradicación de esta problemática.