Proyecto explotación
Ante el intento de reavivar el polémico proyecto de explotación minera a cielo abierto, Caballo Blanco, en el estado de Veracruz, miembros de los municipios de Alto Lucero y Actopan en dicha entidad, así como organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), abrir la consulta pública y celebrar la reunión pública de información dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental.
El proyecto denominado La Paila es promovido por la empresa Caballo Blanco y busca desarrollarse en el municipio de Alto Lucero. Plantea la explotación a cielo abierto de minerales, así como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 265 hectáreas, en un área de gran importancia ambiental y que ha sido reconocida a nivel nacional, así como internacionalmente, como lo es el Sitio Ramsar La Mancha y el Llano, y uno de los corredores migratorios y sitio de alta concentración de especies migratorias más importante en el mundo.
La explotación minera en la zona implicaría una grave devastación de la vegetación de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas como los encinos tropicales.
Una de las afectaciones más graves sería a las cícadas, especie de plantas milenarias endémicas -contemplada en la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, para especies en peligro de extinción-, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, colocándose así como la vegetación viviente más antigua de México. De igual forma, muchas aves acuáticas estarían en riesgo de contaminarse en la laguna de lixiviación.
Además de los altos impactos ambientales negativos, el proyecto conlleva un riesgo para la población, toda vez que se localiza dentro de un radio de 2.5 kilómetros de la Estación Nucleoeléctrica Laguna Verde, es decir, dentro de la zona en la que opera el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) en caso de algún accidente con liberación de material radioactivo. La coexistencia de dos actividades de alto riesgo en una distancia tan estrecha convierte el tema en un asunto de seguridad nacional.
La solicitud de consulta presentada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat se realizó con fundamento en los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano, a acceder a información pública y a participar de forma directa en la toma de decisiones en materia ambiental, debido a que tal proyecto puede causar severos impactos al medio ambiente y a los recursos naturales en el estado de Veracruz.
La empresa Candymin S.A de C.V -propiedad de Goldgroup Inc.- había solicitado a la Semarnat Autorización de Impacto Ambiental en el 2012. En su momento la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable - Núcleo Veracruz, el Gobierno del estado de Veracruz y la sociedad civil en general emitieron cometarios en contra del proyecto, por lo que la empresa decidió retirarlo en septiembre de ese mismo año.
Sin embargo, Goldgroup publicó entonces un desplegado en el que señalaba que su decisión era únicamente "diferir el proceso de Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)" con el fin de "trabajar con las nuevas autoridades en un nuevo proyecto de inversión".
Por todo lo anterior, las comunidades y organizaciones firmantes hicieron un atento llamado a la Semarnat para que, en cumplimiento de sus obligaciones respecto los mencionados derechos y su más alto estándar de protección, abra el proceso de consulta pública y fije una fecha para la celebración de la reunión pública de información, con la finalidad de que la ciudadanía conozca todos los posibles impactos del proyecto y se pueda iniciar un amplio debate para la toma de una mejor decisión.
Asimismo, se hace un llamado al gobierno del estado de Veracruz para que analice de forma integral el proyecto y dé una opinión en beneficio del medio ambiente y los recursos del estado, así como la seguridad de todos sus habitantes.