Día de la Paz
En un primer momento, una tiene dudas sobre si es correcto interrumpir brevemente la coyuntura actual, recordar y elaborar pensamientos sobre algo que no se trate de este momento; recordar, por ejemplo, el día internacional de la paz.
Son tiempos muy complejos para nuestro país después de los desastres precipitados a raíz de dos sismos de gran magnitud. La Ciudad de México, desde que se sacudió, no ha parado de hacerlo.
Primero fue la tierra y después las personas solidarias, compasivas, condolientes, particularmente jóvenes. Cientos de miles de ellos se han movilizado en las calles, a veces con el estado, a veces sólo organizadas entre sí, para resolver las necesidades más acuciantes.
No quiero ser anticlimática, pero ver a todas esas personas solidarias me hizo saber que, al hablar de la paz, estaría hablando precisamente de ellos.
Si la paz pasa por la seguridad humana, ausencia de miedos y amenazas, queda muy claro que sólo puede ser un esfuerzo colectivo.
La paz de México pasa, sin duda alguna por todos los agentes estatales y, sobre todo, sociales, que recolectan víveres, ofrecen su casa, prestan sus manos, donan dinero, pero que también colaboran aun cuando estas emergencias no se presentan; una sociedad civil que resuelve sus problemas, que logra un orden propio, con un estado que apoya para que ello suceda o que, por lo menos, no estorba —como ha estorbado rompiendo el orden social y atizando la violencia desde 2006.
Hay personas, sin embargo, que no se benefician nunca de este entramado social y difícilmente recuperan sus patrimonios y su arraigo.
A veces son invisibles. Para visibilizarlos, este año Naciones Unidas ha decidido dedicar el día a refugiados y migrantes, a los que debe añadirse los desplazados internos, quienes son, muchas veces, olvidados en los entornos de escasa paz, como México, donde los conteos de asesinatos suelen ocupar la atención.
Se trata, sin embargo, de un grupo poco atendido y cada vez más importante. Laura Rubio, profesora del ITAM especializada en el tema, sostiene que hay en el país cerca de 311 mil víctimas de desplazamiento forzado interno, en gran medida a raíz de la estrategia de combate al crimen que se puso en marcha a partir del gobierno de Felipe Calderón.
Dado que este cúmulo de personas no gozan de algún estatus oficial, son mucho más frágiles en sus derechos humanos. Reconocerlos sería reconocer también el fracaso de la estrategia de combate al crimen —y acaso por ello no se hace.
Este momento de catástrofes que se suman al difícil momento nacional, nos permite ver lo malo —2017 podría ser el año más violento desde que hay estadísticas confiables en México si se mantiene la tendencia actual—, pero también lo extraordinario: una sociedad que quizá no satisfaga las exigencias liberales de cultura política, pero que demuestra que existe realmente, que funciona, que tiene una reserva moral cívica, solidaria, que valora a la comunidad nacional profundamente.