Santo Dios
No es tan solo aplicar penas a infractores sociales con el innovador Sistema Penal Acusatorio, sino que al Jefe del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en aparentes acciones de omisión o colusión de funcionarios, han prescindido en salvaguardar la integridad físicamente de sus estructuras, y una de ellas que debe merecer especial atención es el aparato del Poder Judicial de la Ciudad de México, rector de la paz social ante el escaparate de toda la nación.
Porque por ahí transita una población flotante de diez mil personas diariamente en las Salas Penales en materia Familiar, y que en terrenos fangosos de alta sismicidad, toda esa gente semeja entra a un túnel oscuro y con un “santo Dios en la boca” para salir con vida en caso de que algún día la tierra vuelva a remover sus entrañas.
Para los funcionarios y la gente en común que asisten para otorgar información o promover sus querellas sociales, el aparato de impartición de justicia de la capital funciona “gracias a Dios…, porque es muy grande”, es decir, en estos últimos tiempos que la faz de la tierra sigue con su vertiginosa venganza cobrando sus cuotas naturales, ponen en suerte a sus habitantes ocasionales pese a las verificaciones de protección civil para evitar derrumbes originados especialmente por impredecibles sismos.
Las “impecables instalaciones” que presenta en su portal el TSJCDMX (http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx), distan mucho de lo cierto ya que cientos de trabajadores que prestan sus servicios, desde hace tiempo se quejan exigiendo que el gobierno citadino los reubique en instalaciones seguras. “Tememos volver a nuestros centros de trabajo del Tribunal Superior de Justicia”, mostraban empleados sendas fotografías de las horribles instalaciones de cómo el terremoto del famoso numeral 19-09-17, las dejó.
El Poder Judicial es una de las entidades estructurales que pese a su lenta modernización que el ex presidente Édgar Elías Azar la llamó “Ciudad judicial”, el Ejecutivo federal sistemáticamente se niega a coparticipar con los gobiernos que no son afines a su ideología propia, transformando juarízticamente a México en dos vertientes de discriminación: “Justicia y gracia a los amigos; ley a secas a los enemigos”.
El miedo escénico que se generó en todos los núcleos de la sociedad mexicana, permitió de igual manera un urgente llamado de atención principalmente al gobierno federal porque éste no debe de andar jugando con los sentimientos de la nación, sino debe ubicarse que está para atender a la población sin restricción alguna.
Sin embargo, aquí en este país del que se afirma y se presume “aquí no pasa nada”, a pesar de sus evidentes tragedias, el fenómeno de la corrupción campea en sus más altos rangos elaborando dictámenes estructurales a modo (…) para hacer creer al colectivo que se cuentan con “inmuebles seguros”, a efecto de determinar la viabilidad para su ocupación.
Ningún ser humano permitiría que la institución de la más alta jerarquía, articulada en el Jefe de Ejecutivo federal, podría estar jugando con la vida de sus gobernados cuando la premisa fundamental es ante todo y sobre todo, salvaguardar la integridad física del personal y público en general.
Frente a esta tesitura y en el recuadro institucional, el TSJCDMX a través de su presidente el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, debe exigirle tanto al Ejecutivo federal y local, que se dejen de rodeos y ayuden sin distingos políticos e ideológicos, suficientes aportaciones presupuestarios para dignificar al Poder Judicial de la capital del país.
De lo contrario, este sector acrecentará su desprestigio, manteniéndose como una somera maquilada irrespetuosa, porque tanto funcionarios como la gente en común que asiste a la promoción de sus juicios en las diversas ramas del Derecho, entran a los amenazantes y misteriosos túneles oscuros de la injusticia al grado de no ver dónde se pisa para cuando ocurran siniestros telúricos que podrían abrir fisuras marcadas con el signo de la muerte