Sociedad mexicana

Los sismos que afectaron a Oaxaca y Chiapas, el pasado 7 de septiembre, así como el terremoto registrado el pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México han vuelto a aflorar lo mejor de la sociedad mexicana, volcada en la ayuda, en las donaciones y en los trabajos de rescate y de apoyo a miles de damnificados.

Esta emergencia de la sociedad civil es el elemento más esperanzador en medio de la tragedia. De las lecciones aprendidas en el sismo del 85 han surgido otras en este 2017. Sobre todo, la principal lección nos la están

dando los jóvenes que han acudido por decenas de miles: ninguna ayuda es pequeña, ningún voluntario está de más, este no es el espacio para lucrar con la tragedia. Lo importante es la organización y la coordinación con las autoridades.

Cerca de un millón de ciudadanos han tomado las riendas en la Ciudad de México, tras los daños ocurridos en cerca de 500 inmuebles y en muchos más cuya valoración está pendiente. Por desgracia, la cifra de personas fallecidas ha crecido, pero estamos seguros que no serán miles, como sucedió en los sismos de hace 32 años.

Junto con la parte luminosa, también está una parte oscura y preocupante. La siguiente fase de la tragedia irá más allá del rescate a las víctimas. Es la fase de la reconstrucción y valoración de esta infraestructura dañada. Se calcula que existen entre 200 y 500 inmuebles en toda la Ciudad de México que presentan daños graves y los que están afectados en distintos grados pueden sumar más de 2 mil.

Estamos en la antesala de una grave crisis de damnificados y de personas desplazadas de sus bienes inmuebles que no tienen un hogar, que están durmiendo en las calles o están en búsqueda de albergues, en tanto las autoridades gubernamentales o profesionales hagan la valoración de sus edificios. En otros casos, se tratan de comercios y establecimientos profesionales cuyos cierren generarán impactos innegables en la economía.

Necesitamos prepararnos para esta siguiente etapa que requerirá de mucha voluntad política, de recursos financieros cuantiosos y de rendición de cuentas claras por parte de las autoridades y empresas inmobiliarias. Es innegable que en muchos casos, la corrupción permitió que se construyeran unidades habitacionales, casas o edificios públicos en condiciones de vulnerabilidad.

En el 85 hubo un código ético y profesional de los colegios de arquitectos y de las inmobiliarias que, evidentemente, no se cumplió. Esto le ha costado la vida a decenas de compatriotas y habitantes de la Ciudad de México.

El Senado de la República deberá jugar un papel esencial como altavoz de las demandas y de las investigaciones que sean necesarias para iniciar la etapa de la reconstrucción sin repetir los fenómenos de corrupción, opacidad y clientelismo que se generaron en 1985.