Eliminar financiamiento

Del Grupo Parlamentario del PRI, su coordinador Emilio Gamboa Patrón, informó que la dirigencia de su partido acordó solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE), la renuncia al ejercicio de 100 por ciento de los recursos que corresponden a lo que resta de 2017, que asciende a 258 millones de pesos y que se devolverán a la Tesorería de la Federación, a efecto de que inmediatamente se destinen a las acciones de reconstrucción.

Anunció que su bancada también presentará iniciativas de reformas constitucionales para eliminar todo financiamiento público a partidos políticos, de tal forma que en 2018 se destinen 6 mil 800 millones de pesos a la ciudadanía afectada; eliminar 200 diputados federales, 458 legisladores locales de representación proporcional, así como a 32 senadores plurinominales y 32 de primera minoría, con lo que se estima reunir un monto de 11 mil millones de pesos.

Es momento de suprimir el financiamiento público a todos los partidos políticos, aseguró el senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

El Frente Ciudadano por México, los panistas y los ciudadanos han planteado suprimir al 100 por ciento el subsidio a partidos políticos y al mismo tiempo poner en marcha un plan de austeridad del sector público.

El desastre, agregó, ha sacado lo mejor de los mexicanos y se ha mostrado el apoyo internacional.

Planteó eliminar los seguros de gastos médicos, viáticos, y vales de gasolina de altos funcionarios, así como los gastos de publicidad gubernamental, preservando los relativos a salud, turismo, protección civil y educación.

Se trata de una propuesta integral para iniciar la reconstrucción nacional, por lo que el Senado tiene que recortar su presupuesto; el PAN no responde a la coyuntura transitoria de un hecho lamentable, a lo largo de la Legislatura se han presentado diversas iniciativas para disminuir el número de diputados y senadores de representación proporcional.

Tras destacar la participación de los jóvenes y de la sociedad civil, el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, afirmó que se deben tomar medidas inmediatas, como lo propuesto por legisladores de PT-Morena al Senado, con el fin de detener la construcción del nuevo aeropuerto para destinar 140 mil millones a la reconstrucción, reducir a la mitad el sueldo de altos funcionarios públicos.

Eliminar el financiamiento público de partidos políticos, el gasto de publicidad del gobierno, gastos médicos privados, la pensión a expresidentes; vender el avión presidencial; entre otros. Con ello, dijo, más la reducción de partidas no necesarias hasta liberar recursos por 160 mil millones, se dispondrá de 300 mil millones para el plan de apoyo.

Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que ante la emergencia, su partido inscribió una iniciativa que contiene líneas de acciones para establecer el mayor fondeo de recursos posibles, mediante un plan estratégico y bajo vigilancia ciudadana permanente.

Refirió que es necesario modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir las prerrogativas ordinarias de los partidos, y modificar los topes máximos de gasto de campaña en las elecciones federales y locales.

Además, recortar 70 por ciento del gasto de comunicación social de los tres Poderes de la Unión y los organismos autónomos.

Por su parte, Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, propuso crear una contraloría ciudadana para administrar los recursos a los que ha renunciado cada partido; y dijo que podría estar integrado por Enrique Krauze, Carlos Elizondo Mayer, Ana Laura Magaloni, Leonardo Curzio, Héctor Aguilar Camín y Ricardo Raphael.

También se debe eliminar el financiamiento público para los partidos políticos y legislar el financiamiento privado; reducir el Congreso mexicano: eliminar 300 diputados federales y 96 senadores. Legislar en torno a los gobiernos de coalición; y bajar de 90 a 45 días de campaña, y dar cero spots a partidos políticos, pero permitir la compra de tiempos con financiamiento privado.

Expresaron sus posturas, los senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Jesús Casillas Romero, Angélica de la Peña Gómez, Mariana Gómez del Campo, Layda Sansores San Román, Héctor Flores Ávalos, Fidel Demédicis Hidalgo, Jorge Luis Lavalle Maury, David Monreal Ávila y Andrea García García.

Los legisladores Adolfo Romero Lainas, Javier Lozano Alarcón, Miguel Barbosa Huerta, Angélica Araujo Lara, Isidro Pedraza Chávez, Roberto Gil Zuarth, Marco Antonio Olvera Acevedo, Patricio Martínez García, Marcela Guerra Castillo, Zoé Robledo Aburto y José María Martínez Martínez,