Difícil situación

Para algunos agentes de poder, podrían representar un despliegue de sumos peligros no solo por sus propios antecedentes, sino por un alto riesgo de sismicidad que tomaría la figura de un cisma político que viajaría como un relampagueante boomerang México-Holanda, debido al involucramiento de sus actores políticos. A lo largo de 16 días, la sociedad en su conjunto vivió una sicosis colectiva nunca antes vista.

Esa "elevada sismicidad”, podría además, representarse como “una cadena de alta actividad volcánica política", es decir, que en el quehacer político y jurídico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), comienza a vislumbrarse acciones inverosímiles que en la última década no se había contemplado.

El hecho que Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente Magistrado del TSJCDMX, haya sentenciado “yo no tengo compromisos con nadie”, con motivo de los terremotos que han azotado a todo México y que particularmente golpearon a uno de los sectores más importantes y garantes de la paz social del país, le permitirá fictamente sacudirse del yugo de su antecesor como presidente de este Órgano de Jurisdicción.

Antes, durante y después, un grupo de trabajadores de este sector, demandó: “No dejemos que el Presidente del Tribunal Álvaro Augusto Pérez Juárez imponga su voluntad mediática; no debemos de dejar de observar que a él lo impuso Édgar Elías Azar para taparle todas sus transas y raterías, y este es el resultado de todas sus tropelías, los ejemplos son los edificios de Fray Servando, Isabel la Católica y las Torres de Niños Héroes.

La anterior acusación fue desarrollada por trabajadores que se dijeron “agraviados” porque trabajan en viejas y arrendatarias moles que es parte del usufructo que en el propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se ha hecho acostumbre por años. Es decir, que se jinetean los propios presupuestos establecidos por el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa.

Los entendidos detallan que cuando el político guerrerense era presidente de este tribunal, en prenda de garantía y conforme al negro historial que arrojó el famoso Caso Ficrea que perjudicó en apariencia los dividendos a favor de magistrados, se detectó una triangulación no transparente de recursos al establecerse un fideicomiso ad hoc en la compra del edificio de Fray Servando y Teresa de Mier, 32, para ser ocupado por el TSJCDMX, que antiguamente albergaba oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Esa triangulación no transparente de recursos se basó en que el antecesor del presidente magistrado Pérez Juárez, se había auto comprado dicho edificio con un alto costo mensual de renta que viene saldando el propio TSJCDMX, como una bolsa de ahorro para el retiro de los juristas. Este tipo de políticas nada transparentes ha creado el malestar de los trabajadores al rechazar volver a trabajar en ese inmueble que dista mucho en los dictámenes que peritos dicen que “está en buenas condiciones”, cuando deambula el miedo y la zozobra.

A lo largo de 16 días, la sociedad en su conjunto vivió una sicosis nunca antes vista. El sismo del jueves 7 de septiembre fue de 8.2 grados; el sismo del martes 19 de septiembre, fue de 7.1; el sismo del sábado 23 de septiembre fue de 6.1 grados. En conjunto, la capital mexicana soportó el embate de la naturaleza con un gran total de 21.4 grados grados-Richter.

Sería increíble que los embates emanados de las profundidades de la corte terrestre de México, estarían descobijando a la administración del doctor Édgar Elías Azar.

Si bien el político y jurista guerrerense -ahora embajador de México en Holanda- dejó una estela de conflicto de intereses que poco a poco le han ido brotando que tendrá que atender con prontitud su relevo, el magistrado Pérez Juárez, de acuerdo a las condiciones y circunstancias, el malestar de los empleados es palpable; pese a ser sindicalizados, se oponen a regresar a trabajar en caóticas condiciones. “No queremos ser víctimas de los malos manejos administrativos que no cubren cualquier emergencia”, alertaron.

Los ingenieros José Luis Rubio Ramírez (con cédula profesional 0920211); y Carlos Rodríguez Corona, (cédula profesional 646108-Registro C/SE 0225), ambos del Bufete de Construcciones Delta, S. A. de C. V., entregaron dicho Dictamen al Consejo de la Judicatura del TSJCDMX, con fecha del 19 de septiembre de 2017, referente al estado físico del edificio en referencia, formado por una torre de 34,756 m2 de construcción en 15 niveles, sobre un predio de 3,147 m2.

Se realizó un recorrido para observar el comportamiento de las cimentaciones, la súper-estructura de concreto, los núcleos de instalaciones de servicios, concluyéndose que se encuentra “sin daños aparentes”, en el cual se realizaron pruebas de esclerómetro en columna dando un resultado de 390 kg/cm2, lo cual nos permite asegurar que la estructura de concreto se encuentra en “buenas condiciones”

En la víspera, sin embargo, salieron a relucir dictámenes que fueron firmados por la anterior administración repercutiendo con la del magistrado Pérez Juárez, en materia de Seguridad Civil, con una redacción similar que solo cambia la razón social de los titulares de la Oficialía Mayor con cinco años y medio de diferencia.

El domingo 24 de septiembre, el Presidente Magistrado del TSJ, ante las presiones que este tipo de eventos naturales arroja por sí mismo, aclaró enfático que jamás pondría en riesgo la vida de los servidores públicos de este sector. En un Cónclave de Magistrados se trató la problemática estructural de este Órgano de Jurisdicción a raíz de los últimos acontecimientos sísmicos que han venido azotando a la capital de la República

Empero, Pérez Juárez fustigó a las voces discordantes: “¿Solidarizarnos con quién?”, para recalcar que el Tribunal de la Ciudad de México es el más grande de la República, por lo tanto es el motor de este país, y la justicia no se ha quedado paralizada.

Trabajadores inconformes -que demandaron la secrecía de su identidad para evitar represalias, y que pese a ello fueron exhibidas en redes sociales-, dudan que los resolutivos emitidos por el Despacho de Ingenieros y Arquitectos “Miguel Ángel Carballo Omaña”, sean convalidados por peritos imparciales en materia arquitectónica.

Explican que los edificios de Fray Servando e Isabela Católica fueron los que Elías Azar los acondicionó para que funcionaran como juzgados a pesar de que sabía que esas construcciones no son aptas para esa actividad; por algo sus antiguos inquilinos pertenecientes al ISSSTE y al Grupo Banamex, los dejaron por disfuncionales, apuntaron.

Por lo que toca a las Torres de Niños Héroes –recordaron- fueron muy afectadas por el sismo de 1985 a pesar de haber sido reconstruidas; “a Elías Azar no le importó la integridad física, ni la vida de los trabajadores del tribunal y del público que a diario acude a todas sus instalaciones, pero eso sí, se puso a construir un inmueble, que con esos recursos hubiera bien pudo aplicarlos para fortalecer las estructuras de dichos edificios”, subrayaron.

Entre paréntesis, los trabajadores agraviados califican: “Ese desgraciado (…) está muy tranquilo en su puesto de embajador riéndose de todos nosotros con la complacencia de todos los y las magistradas afines a él”.

“Esos edificios no aguantan otro temblor, pues si el primero de ellos es del Fideicomiso de los Magistrados –que arrastra el histórico Caso Ficrea-, entonces que lo ocupen ellos para que vean lo que se siente cuando tiembla y se pongan a rezar para que los agarren confesados, al igual que lo hacemos nosotros cuando eso sucede”, expusieron.

Pese a los parámetros de magnitud del terremoto del martes 19-S de 7.1 grados-Richter, el propio TSJ de la Ciudad de México es responsable de la operatividad de su actos –por no decir juez y parte-; está en espera del peritaje de Protección Civil para poder ingresar a laborar en el corredor de este Órgano Colegiado, que alberga aproximadamente 20 mil trabajadores.

La documental existente emitida por un despacho de ingenieros y arquitectos, los funcionarios de este tribunal tienen la consigna de no ventilar ninguna información que pudiera afectar su imagen ante la sociedad, lo que da pie que este aparato justiciero que la mayoría lo considera como un “represor político e ideológico” con “jueces de consigna”, sigue actuando con opacidad y ocultamiento de datos cuando son del orden público.

En el inmueble de Fray Servando y Teresa de Mier se albergan las salas civiles de oralidad, por donde transita también una población flotante de diez mil personas diariamente en horarios hábiles.

Luego del primer terremoto del día 7, y en “resolución” de un peritaje a petición del solicitante por parte de la Oficial Mayor, por ordenanza del Consejo de la Judicatura, el titular de dicho Despacho Ingeniero-Arquitecto Miguel Ángel Carballo Omaña –Director Responsable de Obra número 1319-, presentó el día 8, el resultado de “una inspección visual”.

El documento en referencia –cuya copia simple obra en manos de este Reportero-, se asienta que el citado profesionista en Revisiones Estructurales, en resumen advierte bajo su “Leal Saber y Entender”, “haber realizado la inspección ocular el día 8 de septiembre del 2017”.

Se desconoce si dicho Despacho haya emitido otro veredicto cuando la estructura del mencionado edificio, a simple vista presenta altos riesgos para la vida de los trabajadores y que hayan sido marcados por el otro terremoto del martes 12 de septiembre. Los trabajadores sindicalizados optaron por no presentarse respaldados por su organización inter-gremial.

Distan las cifras del despacho Carballo Omaña; en primera instancia había desarrollado que el inmueble de Fray Servando y Teresa de Mier, 32, tiene una superficie de terreno de 2,778.76m m2, con un área de 34,756.00 m2 y con una altura de 42.10 m, en catorce pisos y sótano, con una antigüedad de