Contra el responsable

Los peritajes en materia de Protección Civil que el bufete privado “Miguel Ángel Carballo Omaña” presentara como “un remedio paliativo” que dista mucho de lo que podría decretar el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, o una reconocida institución académica como el IPN o la UNAM en relación a la revisión exhaustiva estructural de los inmuebles que posee el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha causado mayor alarma a grado que trabajadores que velan por su propia seguridad promoverán un amparo y una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En tanto, la directiva del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles (CMIC), puso la voz de alerta sobre la necesidad de realizar peritajes rigurosos a todas las edificaciones gubernamentales de la Ciudad de México, especialmente a las escuelas, los desarrollos habitacionales verticales y todas las construcciones de tipo habitacional, comercial y mixto porque para utilizarlos “no se puede hacer un estudio a la ligera o al vapor”.

Los trabajadores del Tribunal quienes demandaron su identidad en el anonimato para evitar represalias, dirigieron una carta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al jefe de gobierno CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa; al presidente magistrado de TSJCDMX, Augusto Álvaro Pérez Juárez; y al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para que “en igualdad de condiciones” con diversas dependencias de gobierno, externe su apoyo al TSJCDMX ya que laboran más de nueve mil trabajadores, sin contar a los abogados litigantes y público que tienen que asistir a realizar algún trámite.

Sin que aparezca una leyenda en sus “dictámenes” la develación y/o número de asignación por parte de la SEDUVI para oficializar los mecanismos de estudios profesionales en materia de Protección Civil, que lleva al cabo el bufete privado “Miguel Ángel Carballo Omaña”, los trabajadores inconformes mostraron su pliego petitorio en nueve apartados dirigidos a las autoridades correspondientes.

1.- Reubicación de los empleados que laboramos en el edificio de Fray Servando Teresa de Mier, 32, colonia Centro, a un lugar seguro que previo a nuestro ingreso cuente con “un peritaje debidamente emitido por un especialista en la materia”, que tenga cédula profesional registrada, licencia como responsable de Obra vigente y que personalmente lo realice no por conducto de su personal y solamente él estampe su firma.

“Lo anterior -agregan- en virtud de que los peritajes que han sido exhibidos relativos a este inmueble son discrepantes uno del otro, desde el número de pisos con que cuenta la superficie de terreno, así como la persona que lo expide que no es la idónea para poder emitir ese tipo de dictámenes ya que no es especialista en ello.

“Aunado a lo anterior –advierten- no lo sustentan debidamente con un estudio exhaustivo y se avocan a anexar fotografías que no tienen que ver nada con la realidad y mucho menos anexan fotografías de la parte de atrás del edificio en el cual claramente se parecía un asentamiento y que la edificación se encuentra recargado en el inmueble contiguo.

“Cabe señalar –alertan- que también las autoridades han caído en contradicciones porque primero hablan de una estructura de acero, siendo que los dictámenes precisan textualmente que la estructura es de concreto con una antigüedad aproximadamente 38 años, y que conforme a las estadísticas de los especialistas los edificios que se derrumbaron fueron construidos entre los años 1960 y 1980, y los inmuebles que únicamente colapsaron en una parte son los que se construyeron con base a los códigos y normas impuestas a partir de 1985”.

2.- Peritajes confiables emitidos por personas especialistas en estructuras que pertenezcan alguna dependencia libre de corrupción y que no les tiemble la mano al momento de emitirlos y de firmarlos, en los que realmente conforme a los estudios que tengan que realizarse y sus resultados manifiesten que son cien por ciento funcionales y seguros para sus ocupantes, haciendo énfasis en el peso que pueden soportar porque hay que recordar que muchos inmuebles no fueron acondicionadas para el uso que el TSJCDMX les está dando.

3.- Ver a la base trabajadora como seres humanos que somos, y no como objetos remplazables, respetándonos nuestros derechos humanos y garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna.

4.- Respetar nuestro derecho de libertad de expresión y de congregación sin represiones, ni señalamientos y darnos un trago digno, y no como el que los seudo Consejeros les dieron a nuestros compañeros de Plaza Juárez, en el que a simple vista se observan en videos que circulan en redes sociales que comenzaron su plática amedrentándolos e identificándolos para posteriormente sancionarlos como es la costumbre en nuestra dependencia.

5.- Acondicionar hasta en tanto se dé la reubicación del ef¿dificio de Fray Servando, 32, algún lugar en el cual los trabajadores del TSJCDMX realicemos nuestras labores. “Sí queremos trabajar, pero en un lugar seguro”, subrayaron en su demanda.

6.- No anteponer intereses personales, ni económicos sobre la vida de todos los trabajadores que día a día prestamos ahí nuestros servicios, sin perder de vista a los abogados litigantes, público en general, y vecinos circundantes del inmueble, al cual le han dado por llamarlo “el edificio incómodo del Tribunal”.

En este contexto, cabe resaltar, los trabajadores que se sientes agraviados por considerar que dicho inmueble tiene defectos estructurales muy serios, y la autoridad se niega en reconocerlo al contratar “bajo consigna” los servicios del bufete “Miguel Ángel Carballo Omaña”, es por un conflicto de intereses. Se advierte que los 60 magistrados que votaron a favor de la reelección de su entonces presidente, les compró este edificio para recibir prebendas de 30 mil pesos mensuales y cuya renta es pagada con el mismo presupuesto del TSJCDMX, acción totalmente indebida y fuera de todo escrúpulo ético y humanitario.

7.- Requerir a los titulares de los Juzgados se abstengan de hostigar laboralmente al personal, por lo que hicieron también un extensivo llamado a cada uno de ellos “apoyen a la base trabajadora” que también trabajan en dicho edificio, toda vez que recordaron que el actual presidente del Tribunal (Augusto Álvaro Pérez Juárez), no podrá ser reelecto para un segundo periodo porque así lo demanda la Constitución de la Ciudad de México.

8.- Que nuestro presidente como representante del TSJCDMX nos dé personalmente a los trabajadores los informes correspondientes y no por medio de circulares, ya que el caso por ser de extrema urgencia lo amerita.

9.- No obstaculizar el paso a peritos interesados en apoyar a los trabajadores del multicitado Tribunal, pese a la existencia de un conflicto de intereses que a simple luz de las circunstancias se detecta que el citado bufete opera bajo consigna sin tener el aval de una institución académica o de una institución como el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, entre muchas otras instituciones.

Entorno a todo este conflicto laboral, se han degenerado muchas protestas, por lo que además de promover un amparo, también encausarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de deslindar responsabilidades.

En el marco de este tipo de consideraciones, Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador del CMIC, estipuló que en el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles creemos que este es el momento indicado para rehacer la ciudad de una forma segura, confiable y evitar que por probables acciones corruptas, un nuevo evento sísmico como el del 19 de septiembre nos vuelva a poner en una situación similar”.