Edificio de muerte

¿Por qué se va seguir usando el edificio de Fray Servando 32, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México?

Es el verboso cuestionamiento de cientos de trabajadores y de miles de usuarios que asisten cotidianamente no solo a ese inmueble sino a muchos otros que, “inexplicablemente” tiene en renta este Órgano de Jurisdicción que ha entrado a un terreno de ética controversial, porque los “talentosos” jueces y magistrados -sobre todo éstos últimos-, sistemáticamente lucran en lugar de luchar por dignificar y poseer instalaciones que estén fuera de todo riesgo en caso de siniestros como son los sismos que en últimas fechas han azotado a todo el país con saldos funestos.

El terremoto del 19 de septiembre (2017) prácticamente destapó la cloaca de una cofradía exquisita de togados. Si bien litigantes y jueces, y público en general, son quienes constantemente se preguntan, ¿pero, realmente se tiene que trabajar en edificios viejos para impartir justicia, a costa de poner en riesgo la vida de muchas personas?

A los “campeones de la justicia” –como siempre los calificara el ex presidente Édgar Elías Azar, hoy embajador plenipotenciario de México en Holanda-, ahorra, casi a nadie le preocupa enaltecer este sector.

Recientemente ha habido reportajes sobre la inquietud de personal del Tribunal que laboran en dicho inmueble, y de vecinos del pésimo estado del edificio aludido, sin embargo, esa construcción de 34,977 metros cuadrados con 14 niveles, “jamás lo desocuparán”, por diversos motivos económicos y financieros…

1). El dueño del inmueble lo es el FIDEICOMISO DEL FONDO PARA EL RETIRO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, según contrato marcado con el folio TSJCDMX/DMS/AI-01/2015, siendo una renta anual de 60’206,115.84 pesos (sesenta millones 206 mil 115.84 pesos), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), signado por el entonces Oficial Mayor Carlos Vargas Martínez, hoy Magistrado de la Octava Sala en materia Civil, bajo la connivencia del Consejo de la Judicatura, en la época azarista.

Es decir, el precio que debe cubrir “La Arrendataria” al “Arrendador”, es una renta mensual de 4’325,152.32 pesos (cuatro millones trescientos veinticinco mil ciento cincuenta y dos pesos treinta y dos centavos), más el impuesto del IVA por la cantidad de 692,024.32 pesos (seis cientos noventa y dos mil, veinte cuatro pesos, treinta y dos centavos, cantidades que sumadas dan un total de 5’017,176.32 pesos (cinco millones, diecisiete mil, ciento setenta y seis pesos 32 centavos).

Se eroga este alquiler el fin de cada mes transcurrido mediante transferencia bancaria a la cuenta de cheques 65502865050, cuenta CLABE 014180655028650502, sin exceder los primeros diez días al anterior mes. El contrato es prorrogable anualmente mediante la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento y se indexará anualmente el monto de la renta en cálculo con base en el incremento anualizado que se dé en el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior.

Ahora bien, el nuevo Oficial Mayor del TSJ, C. P. Israel Soberanis, es quien ahora de forma impune no espera las resoluciones del Consejo de la Judicatura para la operatividad de todo el tribunal, sino que entre la base trabajadora se duda que los iluminados Magistrados pudieran renunciar a esta prebenda, la cual contrasta abismalmente con los salarios de jueces, proyectistas, secretarios de acuerdos, notificadores y empleados en general. “¿Creen ustedes que se permitirán dejar de percibir dicho ingreso?, se duda”, cuestionan.

2). En el mes de octubre del 2011, se promovió queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por parte del abogado Justino Montes de Oca, entonces Juez 78 de lo Civil, precisamente para que no se hiciera el cambio del local del juzgado que encabezaba en dicho edificio.

El resultado –afirma- fue una recomendación de dicha Comisión para que se hicieran verdaderos peritajes, pero a la vez –recuerda con tristeza-, se le desató una encarnizada persecución política del Tribunal, amenazándolo de muerte por el escándalo mediático que hizo en los medios de comunicación, y su propia libertad, dado que el entonces Presidente y actual embajador de México en Holanda, doctor Édgar Elías Azar, fue quien determinó que, a como diera lugar, se debiera seguir lucrando con este edificio, lo que provocó que Montes de Oca tuviera que huir de México, concediéndome en el transcurso del tiempo, asilo político en Estados Unidos.

3). Han pasado varios terremotos en donde se ha demostrado la fragilidad de dicho inmueble, pero ese edificio desde el terremoto de 1985, había sido afectado, se ha intentado remodelarlo varias veces, pero ¿por qué antes del Tribunal, instituciones como el ISSSTE, la PGJDF, el Gobierno del DF y la Secretaría de Programación y Presupuesto, habían dejado dicho edificio? La razón es obvia, tiene fallas estructurales que lo hacen inviable para ser un edificio público, y para mala suerte, injustamente laboran miles de empleados que es parte de la estructura del TSJCDMX.

4). Cuando se "estrenó" en 2012, según gráficas que develan el estado de sus cimientos, una pregunta más deambula: ¿solo hay que imaginar cómo se encuentran ahora tras los embates telúricos que han ensombrecido a la capital por derrumbes de edificios colapsados por la furia de la naturaleza terrestre?, alerta Montes de Oca a través de un chat que sostuvo con este reportero.

Y para los que no lo conocen –ilustra el abogado-, el ahora “edificio de la muerte”, presenta una inclinación notable a la izquierda, no pueden funcionar los elevadores que tiene y que al mismo tiempo, dado que comienza a vibrar toda la estructura, tiene frecuentes cortos circuitos, están desnivelados los pisos y cuando tiembla, se siente “espantosamente horrible”, pero los funcionarios con poder en turno, ordenan maquillarlo bastando solamente con simple mano de obra, aplicando yeso en notables fisuras con pisos quebrados para supuestamente “queden nuevos otra vez”; y

5). En conclusión, “este edificio es un monumento a la corrupción del Tribunal”, y demuestra que no les importa al Consejo de la Judicatura y a los Magistrados “un pepino”, la vida del personal, vecinos y público, litigantes y justiciables que van o están cerca del mismo, “porque de ahí perciben pingües ganancias”…

Y ¿quién pudiera ordenar que se acabe esa suculenta renta? –precisa Justino Montes de Oca-, “pues a nadie”, particularmente por el conflicto de intereses que salta a la vista por evidente colusión de Magistrados, que para la mayoría de los 80 togados que se integran a este tribuna, les representa multimillonarias ganancias supuestamente para el Fondo de su Retiro.

“En suma, es un auto-saqueo sistemático donde al ser los propios Magistrados dueños del inmueble de Fran Servando 32, no solo cometen un fraude agravado -cuan asociación delictuosa-, sino una majestuosa simulación convertida en ‘lega’ estafa”, acusan abogados litigantes y empleados de este Órgano de Control Justiciero, que actúa de forma autónoma e independiente sin que ninguna otra institución fiscalizadora pudiera tener injerencia en la revisión y manejo de sus propios movimientos financieros. Su autonomía la hace intolerante e impune.