Sismos no negocio
La senadora Dolores Padierna Luna hizo un llamado a no contratar deuda para financiar el rescate de los damnificados de los sismos, bajo el mecanismo de bono cupón cero, toda vez que se puede y se debe de disponer del presupuesto público.
“Proponemos que el Fondo de Desastres se le entregue al INVI para que haga las viviendas”, añadió.
A consideración de la legisladora habrá un buen número de personas que no podrán pagar -aunque lo quisieran-, las mensualidades que implicaría tener un crédito de esta índole, que ascendería a pagos de 15 mil pesos al mes.
“Por lo tanto, hacemos un llamado para que no se quiera hacer un negocio con los damnificados, a que se busque una opción más realista y más sensible y que se considere a los damnificados de escasos recursos que no pueden pagar estos mecanismos financieros”, aseveró.
Padierna Luna refirió que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México anunció que el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México aportaron 890 millones de pesos para la emisión de un bono cupón cero, con lo que se multiplicarán por 5 los recursos disponibles para el programa crediticio; es decir, se dispondrá de un total de 4,450 millones de pesos, con lo que se podrán otorgar 2 mil 225 créditos por 2 millones cada uno.
Informó que el bono cupón cero será colocado en el mercado de valores por BANOBRAS.
El bono cupón cero significa que durante los 20 años de su vigencia pagará a los inversionistas tanto los intereses como el capital se pagarán hasta el vencimiento.
Según datos del Banco de México, la tasa de interés promedio de los bonos emitidos por el Gobierno Federal al mes de agosto de 2017 fue de 7.16%. Considerando que la colocación del bono cupón cero para la reconstrucción se coloque a esta misma tasa, implicaría que, dentro de 20 años, el Gobierno Federal tendrá que pagar 7.360 millones de pesos, a valor actual, incluyendo el monto original más los intereses devengados.
Suponiendo que se coloque el total de créditos con los recursos disponibles, se tendrían ingresos equivalentes a 4,284 millones de pesos por el cobro de los intereses a los acreditados, por lo que el costo neto para el Gobierno sería de 3,076 millones de pesos
“Es decir, los intereses que van a pagar los damnificados serán 4 mil 284 millones de pesos los intereses que paga el gobierno a los inversionistas van a ser 6 mil 244 millones de pesos, con un bono pagado anualmente los intereses que se pagarían a inversionistas sería la mitad: 3 mil 308 millones, entonces, para qué hacer un instrumento financiero tan caro, si con un bono anual, pagándolo anualmente se paga mucho menos de intereses que lo que van a pagar obviamente a 20 años”, advirtió.
En este contexto, la senadora lamentó que el presupuesto público que están poniendo sean verdaderas migajas, ofensivas para la dimensión del daño, ya que el gobierno federal sólo está poniendo 266 millones y el gobierno local 624 millones, de verdad, esto parece un asunto de verdadera insensibilidad ante los damnificados.
“Mi sugerencia respetuosa a las autoridades es que no firmen porque ellos no van a pagar nada, sino a los gobiernos que dentro de 20 años estén ahí, quién sabe quiénes vayan a estar dentro de 20 años, se verán ante la obligación de pagar una deuda que hoy los gobiernos de hoy están contratando poniendo 200 millones con una tasa de interés, más otro interés porque eso de que se multiplica por cinco, pues no es magia; eso es deuda y, por lo tanto, es un negocio redondo, por un lado para el mercado de valores y, por el otro lado, para las inmobiliarias que son las que se llevarían el recurso, porque no se lo van a dar a los damnificados, si no se lo darían a las inmobiliarias que van a comprar, si yo quiero comprar en ese edificio y cuesta 2 millones el departamento, pues se le da a los a las inmobiliarias”, señaló.
A consideración de la legisladora, lamentablemente por todos lados se demuestra una insensibilidad hacia los damnificados.
Asimismo, afirmó que aún no se puede decir que ya terminó la etapa de atención a las emergencias, ya que hay mucha gente con daños en sus viviendas que nadie ha visitado, no hay todavía un peritaje de parte de las autoridades y, por lo tanto, no pueden cerrar la lista de los damnificados.
“Hay un buen número de predios que se derribaron o que tienen aparentemente muy alto riesgo y las personas están viviendo en la banqueta ante el temor de que ocurra el derrumbe y no se van por la falta de certidumbre jurídica, si el gobierno no los visita, si no hay un peritaje que demuestre que ese predio se cayó a causa del sismo, ellos no serían beneficiarios de los programas”, finalizó.