Preocupa desaparición forzada de las personas

“En México se desaparece a personas porque está permitido. Es herencia del PRI-Gobierno y de la guerra sucia donde fuerzas del Estado mexicano persiguieron, torturaron, eliminaron y desaparecieron a disidentes políticos, luchadores sociales”.

Los diputados Ernestina Godoy, Delfina Gómez y Cuitláhuac García coincidieron en que las autoridades de los tres niveles de gobierno no sólo solapan la desaparición forzada de personas, sino que incluso intervienen en este delito.

Para Morena, la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas constituye un gran avance para combatir este flagelo, a pesar de que no cumple con una serie de recomendaciones hechas por los familiares de las víctimas, como el hecho de que cuando dicho delito sea cometido por agentes del Estado –en particular de las Fuerzas Armadas–, éstos deberían estar sujetos a la jurisdicción civil.

Así lo manifestó la legisladora federal de Morena Ernestina Godoy Ramos, quien además resaltó la importancia de que el Congreso de la Unión asuma como una tarea del Estado la búsqueda y localización con vida de los desaparecidos.

“En México se desaparece a personas porque está permitido. Es herencia del PRI-Gobierno y de la guerra sucia donde fuerzas del Estado mexicano persiguieron, torturaron, eliminaron y desaparecieron a disidentes políticos, luchadores sociales y jóvenes combatientes. La guerra iniciada por el PAN y Calderón ha dejado muerte y destrucción”, puntualizó.

Lo anterior ocurrió ante el pleno de la Cámara de Diputados, cuando presentó la postura de Morena sobre el dictamen por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.

“Con este conjunto de leyes que hoy se someten a consideración, se da un paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones para respetar, promover, garantizar los derechos humanos. Por ello, aunque no es suficiente la creación de este marco normativo, reconocemos el avance”.

Godoy Ramos aseguró que en México se desaparece personas para silenciar periodistas; sembrar terror; tapar la corrupción; eliminar adversarios políticos; acabar con la protesta; apropiarse del patrimonio de personas; acabar con la competencia, y para reafirmar el machismo.

“También para obtener ganancias económicas; por disgusto, por quedar bien, por despecho; porque son jóvenes, porque son mujeres; por su religión; por su preferencia sexual; por su color de piel; por sus ideas; por su profesión. Por todo, se ha instalado la maldad entre nosotros y todos lo hemos permitido”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la desaparición forzada de personas es uno de los crímenes más atroces y recurrentes en México, y que de acuerdo con cifras oficiales, al cierre del 2016 existía un registro de 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas.

En ese contexto, externó su reconocimiento a las familias de víctimas de este delito que asistieron a la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se aprobó el citado dictamen. “Familias de desaparecidos que han sacado fuerza de su dolor y luchado para encontrar a sus seres queridos y empujado a este Congreso de la Unión a aprobar un marco jurídico para transformar a las instituciones del Estado en responsables de la búsqueda de las miles de personas desaparecidas”.

La también Secretaria de la Mesa Directiva del órgano legislativo subrayó que los parientes de las víctimas de dicho delito sufren impunidad, complicidad, colusión, corrupción, indiferencia e insensibilidad por parte de las autoridades, de ministerios públicos, policías y militares, incapaces de integrar averiguaciones para buscar y encontrar a las personas desaparecidas.

Por otra parte, durante la discusión en lo general del dictamen, los diputados Delfina Gómez Álvarez y Cuitláhuac García Jiménez coincidieron en que las autoridades de los tres niveles de gobierno no sólo solapan la desaparición forzada de personas, sino que incluso intervienen en este delito.

En su oportunidad, Gómez Álvarez consideró que ante el descrédito de las instituciones, la corrupción y la inoperancia de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como el silencio de muchos actores políticos, la sociedad civil elevó su voz y ha logrado que tenga eco para combatir este ilícito.

Al respecto, expresó que la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas fue consecuencia de las demandas y participación ciudadana, así como de la presión internacional hacia México. “Morena también ha luchado por la expedición de esta ley a fin de poder afrontar la crisis humanitaria en México sobre desaparición forzada”.

Sin embargo, aclaró, es necesario señalar que nuestro país vive la más profunda crisis de derechos humanos y el Estado tiene la responsabilidad y obligación directa de poner fin a la desaparición forzada.

A su vez, el diputado Cuitláhuac García insistió que la desaparición forzada de personas se debe a la complicidad del gobierno con los delincuentes, y que el principal responsable de lo ocurrido a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es el Presidente Enrique Peña Nieto.

“Esta ley es el triunfo de familiares de los desaparecidos, de organizaciones civiles y, sobre todo, de las madres que todavía hoy esperan a sus familiares vivos”, mencionó el también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Tras dar la bienvenida a dicha ley, apuntó que debe quedar claro que esto no significa la desaparición del problema. “Aún existe un manto que no hemos logrado desaparecer y ese es el de la impunidad y corrupción de este Gobierno”.