Ni un asesinato más de Política en nuestro país
El sábado 14 de octubre por la noche, fue encontrado muerto junto con tres personas más en el interior de su camioneta, en la carretera Chilapa-Ahuacotzingo en el estado de Guerrero, el dirigente social Ranferi Hernández Acevedo. Su vehículo fue incendiado, quizá con la intención de eliminar los indicios o evidencias de quienes cometieron este horrible crimen en contra de quien fuera líder social de la región y fundador en Guerrero del Partido de la Revolución Democrática.
Un día antes fue asesinado, el exalcalde perredista de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri. En ambos casos, la Fiscalía General del Estado se ha declarado sin pistas ni evidencias para poder esclarecer los hechos. Sin dejar de mencionar el asesinato de Demetrio Saldivar, quien fue ejecutado el 19 de abril de este año a las afueras de su domicilio, compañero de izquierda que había militado en el Partido de la Revolución del Sur, en el Partido Liberal Mexicano durante décadas y que al momento de ser asesinado fungía como Secretario General del PRD en el estado de Guerrero.
El estado de Guerrero sigue siendo una de las entidades más violentas de nuestro país, la presencia, operación y control territorial que ejercen grupos delictivos así como la impunidad reinante en esa entidad, han propiciado que la ley del plomo sea la que gobierne realmente en muchas comunidades y ciudades que hace varios años eran consideradas como seguras.
No se trata de un fenómeno de violencia generalizada ni de una ola de crímenes incontenibles, se trata actos dirigidos y focalizados en el caso en particular, hacia líderes sociales y dirigentes comunitarios que han sido críticos al ejercicio de gobierno del actual Gobernador y a la fallida estrategia de seguridad -o pretendida estrategia de seguridad- impuesta desde el Gobierno Federal con la aquiescencia del Gobierno de la entidad.
Estrategia que como ya hemos señalado reiteradamente, ha demostrado ser en los hechos un rotundo fracaso pues tan sólo el mes de mayo de este año se registró como el mes más violento en la historia reciente de nuestro país, desmoronando en los hechos y con cifras claras que los discursos triunfalistas de nuestras autoridades no tienen sustento en la realidad cotidiana.
El Gobierno del Estado de Guerrero y el Fiscal General de esa entidad están en deuda con su población, claramente han demostrado que no tiene la capacidad ni la voluntad por hacer frente al fenómeno de la violencia que ejercen los grupos de la delincuencia en distintas zonas de la entidad, sin prejuzgar sobre las motivaciones que generaron los recientes asesinatos de los líderes izquierda, resulta evidente que la impunidad y la complacencia oficial pesara sobre estos casos, como pesa ya, sobre los de otras miles de víctimas que sigue sumidas en la impunidad y en el olvido.
Exigimos a las autoridades del estado de Guerrero en especial a la Fiscalía General del Estado a que conduzca las investigaciones del asesinato de Ranferi Hernández y de su familia con total pulcritud, a que desarrolle todas las líneas de investigación disponibles en especial aquellas relacionadas con el ejercicio de su labor social y de su activismo político, es indispensable que se reconozca que los asesinatos de líderes de izquierda en Guerrero no son hechos aislados sino que forman parte de un patrón sistemático de violencia política que esta poco a poco acabando con las voces críticas y políticamente disidentes en esa entidad.
Necesitamos como sociedad que las voces críticas y las posiciones disidentes se puedan seguir expresando libremente, sin tener miedo a que un día cualquiera o una noche cualquiera en medio de una carretera mientras viajas con tu familia, puedas ser asesinado y calcinado.