Nuevos yacimientos vieja Corrupción gas petróleo
Con exceso de optimismo y promoción en los medios de comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo y gas asociado en Cosamaloapan, Veracruz. El pozo denominado Ixachi I podría representar alrededor de 350 millones de barriles de reservas 3 P (probadas, probables y posibles).
Según el Ejecutivo federal, se pueden producir “más de 1,500 millones de barriles de crudo”. Consideró que se trata del hallazgo más importante en los últimos 15 años y permitirá “estabilizar las finanzas de Pemex”.
El anuncio de nuevos yacimientos tiene todas las características de un distractor frente a las investigaciones e informes que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer sobre las irregularidades en tres asignaciones directas de Pemex a la empresa constructora brasileña Odebrecht por un monto total de 6 mil 231 millones de pesos, con un incremento de 25 por ciento en relación con el monto original y sobreprecios de 61.3 por ciento tan sólo en el contrato para el aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.
Nada comentó el presidente de la República sobre el reciente informe de la ASF en relación al escándalo generado por las investigaciones en torno a presuntos sobornos de Odebrecht a integrantes de su campaña electoral en 2012 y funcionarios posteriores de su gobierno, como el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex hasta inicios de 2016.
Tampoco mencionó nada de estas irregularidades detectadas por la ASF. De los 10 contratos revisados al realizar auditoría en Pemex Transformación Industrial (PTI) detectó 10 contratos otorgados para el mantenimiento de las refinerías de Salamanca y Tula por un monto total de 33 mil 567 millones de pesos, cantidad que se incrementó hasta llegar a 34 mil 785 millones de pesos. Tres de esos 10 contratos fueron asignaciones directas a Odebrecht, la reina de los sobornos en América Latina.
El primer contrato a Odebrecht fue por 1,746 millones de pesos para ejecutarse entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015, pero el plazo se amplió a marzo de 2016, se suspendió temporalmente este contrato y se reanudó en septiembre de 2016, aduciendo falta de recursos presupuestarios. La revisión de este contrato es incompleta.
El segundo contrato fue para la refinería de Tula por un monto original de 1,436 millones de pesos para ejecutarse entre febrero de 2014 y agosto de 2015. Se celebraron dos convenios modificatorios que elevó la suma a 2,316 millones de pesos, es decir, 61.3 por ciento de más. El contrato no está finiquitado y la ASF no detalla si existen pagos improcedentes ni si la obra está terminada.
El tercer contrato fue también en la refinería de Tula para la construcción de accesos y obras externas. El monto original fue de 1,811 millones de pesos y con un plazo de ejecución de noviembre de 2015 a marzo de 2017. El monto original se incrementó hasta 2,169 millones de pesos, es decir, 20 por ciento más que el contrato original.
Todos estos contratos fueron otorgados por Emilio Lozoya Austin, cuando fue director de Pemex. Precisamente, en el periodo de mayor crisis de nuestra principal industria, cuya producción decayó de los 2.55 millones de barriles diarios, en 2012, a 1.97 millones de barriles.
El anuncio dado a conocer por Peña es, a todas luces, un enorme distractor frente a la crisis estructural de la industria petrolera, ante el fracaso de la reforma energética para sacar adelante a nuestra principal industria y las denuncias e indicios de corrupción crecientes.
El nuevo yacimiento anunciado por Peña Nieto apenas representa el 1.6 por ciento de las reservas nacionales de crudos, si se confirma el nivel de producción.
Además, no podemos olvida que el propio presidente afirmó que la crisis de Pemex se debió a que “secamos la gallina de los huevos de oro”. Hasta ahora no sabemos quién o quiénes “secaron” a Pemex. La impunidad sigue rampante.