Orden corrompido quehacer Político en ciudad de México

Quienes creían que todo les era fácil porque tenían el privilegio de haber sido elegidos democráticamente por el voto popular, y presumir que la División de Poderes les protegía y que les era ajeno entre las instancias jurídicas por controversias constitucionales, el Poder Judicial de la Federación inició lo que parece ser una evidente pero muy puntual purga constitucional para no tolerar más a esos funcionarios que pisotean sin rubor alguno los preceptos de las leyes, rectoría de la paz social y del Estado mexicano.

La fatalidad que van a vivir de hoy en adelante todos los agentes políticos de poder que se dicen ser “servidores públicos honestos” y que de algún modo muestran sus envalentonadas rebeldías al desacatar las órdenes judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a poner, asimismo, un orden no tan relativo, sino claramente pretende acabar de una vez por todas con ese paradigma de la impunidad que gobiernan al tan corrompido quehacer político mexicano.

La tesis del Doctor Luis María Aguilar Morales, que enarboló desde el preciso momento en que rindió protesta como nuevo Presidente Ministro de la SCJN -aquel memorable viernes dos de enero de 2015-, advirtió que durante su gestión este órgano del Poder Judicial de la Federación conservará una función de protector de las garantías de todos los individuos; el enunciado será aplaudible por millones de trabajadores mexicanos.

En efecto, no se trata de ninguna “cacería de brujas” que seguramente lo van a ungir los partidos políticos, que hablarán y despotricarán por la injerencia de la máxima instancia legal mexicana con el Poder Legislativo y del Ejecutivo local, sino por el contrario, consolidará su espíritu de defender a toda costa y sin obedecer a embalajes partidistas, la constitucionalidad del país.

Si bien es cierto que en el trasfondo político se trata, igualmente, de “una vendetta planeada desde el alto poder del Partido Revolucionario Institucional”, fue todo un hitazo por parte de la Suprema anunciar la destitución del engreído delegado de la Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como de ordenar la consignación del anterior delegado José Manuel Ballesteros López (actual diputado local), por el incumplimiento de una resolución de Amparo.

De tal suerte se ordenó que Israel Moreno Rivera, delegado perredista de la Venustiano Carranza, su inmediata remoción del cargo público por desacatar una orden judicial, además de que los Ministros de la Corte votaron para consignarlo ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales por el delito de insolencia moral en el Servicio Público Federal.

Debido a esta nueva clasificación de escándalos políticos, al diputado Ballesteros para poder enviarlo a la cárcel, primero tiene el aparato del sistema, sujetarlo a un Juicio de Procedencia, mejor conocido como Juicio Político, para que a su vez, el Congreso de la Unión lo pueda desaforar, aunque lamentablemente por los tiempos y las discusiones que se avecinan para la revisión del Ejercicio Fiscal-2018, solo quedaría en el intento.

En la víspera del año electoral federal del 2018 y por tratarse de antagonistas políticos, se crearía un mayúsculo aquelarre legislativo que llamaría la atención de la vox populi, es decir, el PRI-Gobierno estaría decidido en establecer mecanismos supuestamente sucios, a la fast track, para enjuiciarlo y poner en tela de duda que el PRD es un partido que está dominado por los tentáculos de la corrupción.

“Para los amigos justicia y gracia, para los enemigos, la ley a secas”, sería la tesis juarista que se aplicaría en este tenor a los perredistas o a cualquier otro antagonista que desafíe a la Mafia del Poder, como lo consignara el eterno aspirante a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Pese a todo este panorama, esta sería la primera vez que la Corte de México ordene la destitución y consignación penal de un delegado político, particularmente el de Venustiano Carranza que tiene corte perredista.

La causal con tintes de agravio, el ahora ex jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, ignoró una resolución de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual ordenaba el nombramiento de Gabriela Reyes, Felipe del Callejo y otros empleados como verificadores.

El conflicto de intereses se centró porque la Corte consideró una injusticia, la determinación legal ponderaba también reconocer la antigüedad de Reyes a partir del 29 de julio de 2000, sin mencionar –pese a todo- que Moreno Rivera infringió el pago de diferencias salariales, aguinaldos, y otorgarles los elementos necesarios para desempeñar su trabajo.

Los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México desde que asumieron el poder hace 25 años, se han distinguido en pisotear las leyes mexicanas; están tan mal acostumbrados, que por su “exceso de confianza” establecieron su propia Mafia del Poder de la Izquierda -ya sea la institucional o la rebelde que encabeza el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador-; una y mil veces han tratado de “pasarse por el arco del triunfo” las resoluciones legales que emiten las instancias laborales como son los laudos.

Un ejemplo peculiar es la lucha que viene librando desde hace más de 22 años el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros, mejor conocido como la ex Ruta 100, el cual tiene ya sus laudos legales a su favor.

Empero, los gobiernos del PRD se han negado en liquidar y hacerles justicia, afectando patrimonialmente a más de 12 mil trabajadores en primera instancia, y beneficiando a presuntos delincuentes identificados como Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera.

La ex Ruta 100, símbolo de lucha política y social, ha padecido desde hace más de dos décadas, las deshonestidades, las descortesías y los protocolos de los gobiernos perredistas a pesar de los exhortos que han hecho tanto la Cámara de Diputados, el Senado de la República y hasta la misma Presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación, para resolver este eterno conflicto.

En consecuencia, el PRD-Gobierno ha actuado de forma insensible, dolo y mala fe por negarse a cumplir las ordenanzas de resolución que se han emitido en su justo momento por instancias legales.

De los 12,004 ex ruteros de la 100 que fueron fastidiados desde los gobiernos priistas cuando el ahora Gobierno de la Ciudad era la Regencia del Distrito Federal, más del 50 por ciento de los titulares han fallecido por diversas causas naturales sin que en vida se les haya hecho plena justicia.

La ejecución de la Corte federal de México deja una acción constitucional sin precedentes, es una purificación o alerta para esos funcionarios bisoños que se sentían intocables, que por ser de izquierda les iba a favorecer el “cariño de las leyes”; se equivocaron, porque el pleno de Ministros, comenzó a actuar de manera rigorosamente legal e imparcial para hacerle justicia a los trabajadores que, por cierto, sus propios sindicatos han perdido esa brújula al dejar en el desamparo a miles de sus afiliados recurriendo a la contratación de abogados privados.

Sus fallos deben ser acatados sin menos cabo alguno por los gobernantes; a los Ministros políticamente les favorecerá para su perfil, apuntalando su actuación virtuosa, toda vez que están decididos en acabar con las acciones espurias y prepotentes de sempiternos líderes sindicales que han explotado sin empacho alguno a sus sufridos agremiados.

“Para los amigos justicia y gracia, para los enemigos, la ley a secas”: Benito Juárez, que sin duda, es una victoria para el pueblo y para la clase trabajadora de México.