Exigen Peña Nieto cancele Construcción de la Presa
La construcción de la Presa El Zapotillo, contraviene resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Diputados federales de Morena exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para cancelar la construcción de la presa El Zapotillo y de su acueducto, planta potabilizadora e infraestructura de macrodistribución, debido a que el proyecto que se ubica en Jalisco contraviene resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A través de un Punto de Acuerdo, los diputados Ernestina Godoy Ramos, María Antonia Cárdenas Mariscal y Ángel Hernández de la Piedra detallaron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2018 –aprobado el viernes pasado–, se ubica dicho proyecto con la clave 0616B000034 dentro del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual lleva un retraso de ocho años.
Señalaron que la construcción de la presa también incluye varios estudios, obras complementarias y la reubicación de las comunidades afectadas, así como asesorías y supervisión técnico-administrativa, para el abastecimiento de agua potable a León, Guanajuato.
“Se le asignaron para el próximo ejercicio fiscal mil 530 millones de pesos, no obstante los perjuicios y daños que se ocasionarán con la construcción”, subrayaron los legisladores federales de Morena.
Coincidieron que si bien el agua es fuente de vida y permite satisfacer necesidades básicas, en las últimas décadas los gobiernos federales, estatales y municipales no han logrado una gestión integral del vital líquido.
Resaltaron que un ejemplo de ello es la construcción de la presa El Zapotillo, impulsada por el Ejecutivo Federal –a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)– y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, con el argumento de abastecer del recurso al área metropolitana de Guadalajara,14 municipios de la zona de Los Altos y a la ciudad de León.
Godoy Ramos, Cárdenas Mariscal y Hernández de la Piedra explicaron que las obras iniciaron en 2009, a cargo de la empresa española FCC Construcción junto con La Peninsular y Grupo Hermes. Sin embargo, agregaron, en septiembre de 2011 se adjudicó a ABENGOA México la construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros, pero el consorcio está en quiebra y pretende ser rescatado con el Gobierno Federal.
“Originalmente se proyectó que la presa tendría una cortina de 80 metros de altura, lo que no implicaba riesgo para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, poblados cercanos a la construcción. Pero después se promovió que la cortina se elevara a 105 metros, lo que significaría casi el doble de la superficie inundada y la desaparición de las tres comunidades”.
Resaltaron que por tal motivo, los habitantes de esas poblaciones han mantenido una lucha en contra de la construcción de la presa El Zapotillo, pues hay una sistemática violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades federales y estatales.
“De las ilegalidades y violaciones a derechos fundamentales da cuenta la propia SCJN, así como los tribunales de la federación y de Jalisco, que han establecido sentencias protectoras a favor de los pobladores y de las comunidades afectadas por el megaproyecto”, recalcaron.
En ese contexto, recordaron que el 7 de agosto de 2013, la SCJN emitió sentencia en la Controversia Constitucional 93/2012, interpuesta por el Poder Legislativo de Jalisco, la cual establece la obligación de realizar las obras pero en los términos pactados originalmente el primero de septiembre de 2005; es decir, con una cortina de 80 metros de altura.
“Además, el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, el 25 de septiembre de 2009, no aprobó el cambio de uso de suelo para los 105 metros de altura de la cortina de la presa El Zapotillo. Esto significa que la CONAGUA sólo tiene autorización para construir altura de 80 metros más. Ante la falta de dicha autorización, incrementa la medida resulta completamente ilegal”.