Designación de candidatos para Consejo Consultivo de la CNDH

La Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Angélica de la Peña Gómez, aprobó el dictamen por el que se propone que Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez y José de Jesús Orozco Henríquez, sean designados para ocupar las vacantes existentes en el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Verónica Martínez Espinoza, del PRI; Marcela Torres Peimbert, del PAN, y Angélica de la Peña, del PRD, cuestionaron a los comparecientes sobre temas como la Ley de Seguridad Interior, conciliación y mediación en los procesos, desplazamiento forzado, derechos de la población indígena, defensa a audiencias, sigilo, transparencia y población afrodescendiente.

El defensor en el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, Víctor Veloz Espejel, advirtió que no busca que la CNDH sea injerencista; se trata de una Comisión nacional, no federal que procura la defensa, divulgación y promoción de los derechos humanos. Su propuesta busca una educación en derechos humanos, en democracia y una actuación con visión metropolitana.

Respecto a la Ley de Seguridad dijo que contiene conceptos laxos y que se debe respetar la técnica legislativa por el derecho humano a la seguridad jurídica; es decir, dar certidumbre y conocer los efectos y alcances de esta norma; respecto a la conciliación y mediación, señaló que se trata de una alternativa de solución de conflictos, en la que se deben seguir protocolos que protegen a las personas.

Michael William Chamberlin Ruiz, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, destacó que en estos momentos de crisis, una de las labores más importantes de la Comisión es velar por la legalidad y los derechos humanos. Agregó que desde la CNDH se pueden hallar formas para impedir que continúen las desapariciones y el desplazamiento forzado, para terminar con la deuda con la población indígena; asimismo, refirió que se debe lograr mayor vinculación con la sociedad civil para generar propuestas.

En el caso de los desplazamientos forzosos, dijo que lo que se debe hacer es garantizar los derechos humanos, y en el caso de la población indígena hacer valer el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, pues garantizándolo se generaran mejores condiciones para la protección de tierras sin desplazamientos.

Angélica Cuellar Vázquez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, propuso una revisión anual de los lineamientos generales de actuación, del Reglamento interno de la CNDH y de los programas especiales del organismo, en función de asuntos, personal y metas de cumplimiento, entre otros; fortalecer la cooperación institucional mediante la suscripción de acuerdos de asistencia técnica; fomentar el uso de herramientas tecnológicas para automatizar procesos, así como la revisión del Presupuesto de Egresos en lo relativo al mantenimiento e infraestructura de las instalaciones.

En el tema de defensa de audiencias destacó que la CNDH debe vigilar que sea un espacio para lo que está diseñado, de escucha y de sensibilización, transparente y de intercambio de ideas. Sobre la migración regional dijo que se deben establecer condiciones básicas y mínimas para trabajadores y regular sus derechos; asimismo, resaltó que se deben establecer lineamientos claros de cuando se debe conservar el sigilo.

La doctora Elena Ramos Arteaga, jueza penal egresada de la UNAM, dijo que los derechos humanos son inherentes a todas las personas y quien está obligado mayormente a la observancia de ellos es el Estado.

El Estado, agregó, debe promover la obligación de garantizar a todas las personas la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar esos derechos, además tiene la obligación de que las personas no sólo conozcan sus derechos, sino los mecanismos de defensa como leyes, instituciones y sanciones a las violaciones a los derechos humanos.

El doctor en Derecho por la UNAM, José de Jesús Orozco Henríquez, señaló que se deben impulsar programas para establecer adecuaciones normativas y de desarrollo de políticas públicas de prevención de violaciones a los derechos humanos, así como de protocolos de investigación con la debida diligencia y reparación integral a las víctimas.

Expuso que la población afrodescendiente es uno de los desafíos y compromisos más grandes del país, por lo que propuso impulsar políticas públicas que los visibilicen y atiendan su situación para que estén mejor protegidos en sus derechos humanos, e incluso consideró que dicha protección se puede elevar a nivel Constitucional.