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Extradición de Roberto Sen, Dolores Padierna


Y se da la tercera llamada para que inicie una nueva puesta en escena de un teatro contra la corrupción contra un ex gobernador priista.

Con el arribo del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge a México se da inicio formal a los procesos judiciales que las autoridades nacionales tanto federales como locales han instaurado en su contra, de las 6 acusaciones por las que fue detenido en Panamá, 3 del orden federal y 3 del fuero común, se avanzará en la acusación por la posible comisión de delitos relacionados con malversación de fondos públicos y por posibles abusos de poder.

Sin embargo, de nueva cuenta, las acusaciones que se integran en contra de un ex gobernador priista parecen ser más acusaciones de relumbrón político que de fondo para combatir la corrupción, al igual que como ha sucedido en otros casos de ex gobernadores procesados o perseguidos por la comisión de delitos durante su mandato, en el caso de Borge, tanto la PGR como la Fiscalía Estatal de Quintana Roo integran únicamente delitos de naturaleza económica por el uso indebido de recursos públicos dejando de lado otra serie de delitos de mayor impacto como por ejemplo, la facilitación o complicidad para la operación de grupos de la delincuencia organizada en dicha entidad durante los últimos 6 años.

Cancún que sigue siendo “la joya de la corona” del turismo nacional, se ha colocado también como la “joya de la corona” de los diversos grupos delictivos que se disputan la plaza para la venta y trasiego de drogas, grupos que actúan bajo la complacencia y tolerancia de las autoridades municipales y estatales, entre ellos desde luego, del propio ex gobernador cuando ejerció el cargo.

Además de esta complacencia o complicidad, las autoridades estatales y federales encargadas de la procuración de justicia han olvidado investigar los graves actos de ecocidio lo delitos ambientales que se presentaron bajo la administración de Borge quien desde la titularidad del gobierno facilitó que empresas nacionales e internacionales depredaran el medio ambiente de la entidad bajo el pretexto de la generación de inversiones.

En el mismo olvido se encuentran las denuncias que grupo de indígenas mayas han colocado ante ambas fiscalías denunciando el despojo de sus tierras y de desplazamientos por parte de agencias estatales que pretenden imponer proyectos turísticos sin contar con la consulta y la aprobación de las propias comunidades.

Tampoco se investiga al Gobierno de Borge por el presunto desvió de recursos públicos a campañas electorales del PRI durante su mandato -tal y como se ha logrado probar en el caso de Duarte en Chihuahua- y desde luego que no se investiga nada sobre las redes de corrupción que se mantienen intocadas en la entidad y de las cuáles se siguen beneficiando los mismos grupos políticos que se beneficiaron en su momento del gobierno Borgista.

El arribo de Borge a México, es por lo tanto, el inicio de otro circo político-judicial para mandar una falsa señal de combate la corrupción, para mandar una tímida acción de acceso a la justicia en donde lo único que se busca es realmente el garantizar el acceso a la justicia a las y los millones de quintanarroenses que se vieron afectados por este pésimo gobierno.

Sigamos con lupa los procesos judiciales que se integran en contra de este ex gobernador y de los otros que están sujetos a proceso, pues los desenlaces serán muy parecidos en todos ellos y en ninguno se logrará acusar a los ex mandatarios por otro tipo de delitos que no sean sólo los meramente económicos y esto no será por falta de pruebas sino por falta de ganas, tanto de la PGR como de las propias Fiscalías estatales.


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