El 2017, año de silencios, Vacíos y retrocesos en los Derechos infancia México

El 2017 México se enfrentó a la emergencia nacional, no sólo por los fenómenos naturales, sino por la mayor vulnerabilidad que enfrentan niñas niños y adolescentes y ante la cual no se dieron avances significativos para erradicarla.

La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno.

En la última década México ha vivido la generalización de la violencia e inseguridad y entre los principales afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad que actualmente tienen al país en una profunda crisis de derechos humanos.

REDIM mira con preocupación que el Estado Mexicano mantiene un patrón de silencio, vacíos institucionales y retrocesos legislativos frente a los derechos de niñas niños y adolescentes. Esto profundiza la desprotección y exclusión de niñas niños y adolescentes para convertirse en las principales víctimas de la impunidad, la corrupción y el crimen organizado.

REDIM llama al Estado Mexicano a cumplir con las leyes existentes para reducir la impunidad, castigar de forma real la corrupción como medio para fortalecer el Estado de Derecho y estimular la participación ciudadana cómo aliados para acabar con el crimen organizado.

La violencia es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia. Cada día en México son asesinados tres niñas niños y adolescentes y diariamente desaparecen cuatro de ellos en el territorio nacional, sin que ante esta grave situación se cuente con una respuesta contundente del Estado Mexicano.

Según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014, existieron cerca de 2,000 asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad.

Cabe resaltar que la violencia de género que afecta a las niñas y adolescentes también ha dejado cifras alarmantes. México continúa siendo un país profundamente machista, que carece de políticas públicas para superar las desigualdades entre mujeres y hombres; haciendo imposible el acceso a seguridad, justicia, superación de la pobreza, entre otras.

Ejemplo de ello es la negativa sistemática para activar las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diversas entidades y la politización de la misma; sin considerar la urgencia de ofrecer respuestas reales que brinden seguridad a mujeres, niñas y adolescentes.

Tristemente la institucionalización de la violencia machista contra las continúa siendo garantía de impunidad, lo que incrementa delitos como la violación y el abuso sexual, desaparición, feminicidios, entre otros.

Según datos oficiales, en lo que respecta al total de delitos sexuales, cuatro de cada 10 víctimas tenían entre cero y 19 años; por cada 10 víctimas en este rango de edad, ocho eran mujeres y dos hombres.

En cuanto a las desapariciones, en abril de 2017 los Senadores aprobaron, casi por unanimidad, el Dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desapariciones cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda luego de más de dos años de trabajos.

Sin embargo, en cientos de ocasiones se ha denunciado negligencia en las autoridades quiénes niegan la búsqueda inmediata y el inicio de averiguación previa bajo el argumento absurdo de esperar 48 o 72 hrs "por si se fue por su propia voluntad" y particularmente cuando se trata de niñas o mujeres adolescentes bajo el argumento machista de “se fue con el novio”.

A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado Mexicano.

Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.

Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes.

Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas.

Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia.

La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.

Según cifras oficiales, niñas, niños y adolescentes corren más riesgo de ser desaparecidos si se encuentran entre los 13 y 17 años; 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como desaparecidas se encontraban en ese rango de edad, en varones, esta proporción es de 7 de cada 10.

Asimismo, el Estado de México es la entidad que registra mayor número de desapariciones en el país. 1 de cada 4 desapariciones ocurren en esta entidad.

A julio de 2017 se registran 1,498 casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México; le sigue el estado de Puebla con 647 registros (10.6%), Tamaulipas 572 casos (9.4%), Nuevo León 424 casos (7.0%). Cabe destacar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ocurrieron el 72.3% de las desapariciones de niñas niños y adolescentes, de las cuales 812 tan solo en el año 2017.

También en el 2017 destacó el caso de “Ciudad de los Niños” en Salamanca, Guanajuato en el cual se puso en evidencia la deficiente supervisión y cuidado de centros de cuidado de niñas, niños y adolescentes que son separados de sus familias por diferentes causas y que inicialmente quedan bajo resguardo del DIF correspondiente.

Este caso aún no ha sido resuelto y se encuentra estancado e impune ante el impedimento de proceder legalmente contra el responsable de los delitos presuntamente cometidos en el albergue. Reiteramos el llamado #NoAlFueroClerical.

Es urgente que México rompa con la tradición de separar a niñas y niños pobres o víctimas de sus familias y comunidades para enviarlos a albergues que impedirán su inclusión social con el paso de los años.

Las políticas públicas tienen que prevenir la separación de niñas, niños y adolescentes de sus familias de origen y restituir los derechos de aquellos que tienen cuidados alternativos.

Sin el fortalecimiento de las Procuradurías de protección a nivel federal y estatal será imposible supervisar, regular y sancionar a personas que abusan de niñas y niños en las instituciones.

Actualmente en México existen 879 centros de asistencia de los cuales sólo el 9.7% son públicos, mientras que el restante 90.3% están distribuidos en entidades privadas y sociales. Asimismo, se tiene registrado que existen 30 mil niñas, niños y adolescentes alojados en dichos centros.

Ante lo anterior, enfatizamos las obligaciones del Estado Mexicano de prevenir, sancionar, reparar y garantizar la no repetición de graves violaciones a los derechos de niñas, niños o adolescentes que han sido separados de sus familias.

Lamentamos profundamente que las altas autoridades del país siguen mostrando desdén ante el 32% de la población nacional, invalidando el gran esfuerzo realizado por funcionarias y funcionarios que buscan hacer realidad el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, SIPINNA.

Por otro lado, en el informe Infancia Cuenta en México “Acceso a la Justicia para niñas, niños y adolescentes” señalamos como el aumento de la violencia, la corrupción e impunidad han dejado en evidencia que México aún cuenta con un Sistema Judicial arcaico, adultocéntrico y patriarcal que perpetua la impunidad en los delitos cometidos contra la infancia y la adolescencia.

Quienes no son tratados con “equivalencia jurídica” frente a la voz de los adultos, por considerarlos inferiores e inmaduros.

Es preocupante que los Censos de Procuración e impartición de Justicia indican que en 2015 se iniciaron 4,969 procesos judiciales por delitos que afectan específicamente a niñas, niños y adolescentes de los cuales solamente 167 registraron sentencias condenatorias. Es decir, de cada 100 carpetas de investigación iniciadas, sólo 3 alcanzan sentencia condenatoria.

Los fenómenos naturales se convierten en “desastres” o “catástrofes” (no naturales) por las condiciones de desigualdad, corrupción y desorganización del Estado, afectando principalmente a los grupos más excluidos: niñas y niños; población indígena, etc.

Los fenómenos naturales no son predecibles en tiempo y magnitud, pero todo desastre o catástrofe es prevenible con el aprendizaje institucional y la responsabilidad del Estado.

Los sismos del 7 y 19 de septiembre que derivaron en desastre social en más de cinco entidades del país, develó que el gobierno mexicano no tiene al SIPINNA cómo un mecanismo de coordinación de alto nivel. Hasta el momento ha reinado la descoordinación entre instituciones públicas que impiden respuesta inmediata, atención apropiada y mecanismos de prevención de desastres.

La pérdida de vidas, destrucción de escuelas y viviendas está afectando de forma importante el retorno a la vida cotidiana de la niñez, quiénes quedan en mayor desprotección; son especialmente las niñas y mujeres jóvenes.

#Pactodeimpunidad que se ve claramente en casos como el de Sonora, en el cual se evidenció la venta y adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes; el caso de Veracruz, en el que administraron falsos tratamientos para niñas y niños con cáncer; el caso de Puebla,

en el cual sigue sin hacerse justicia por el homicidio del niño indígena José Luis en Chalchihuapan; el caso de Chiapas, en el que más de 2 mil niñas y niños de Chenaló fueron desplazados por grupos paramilitares; Ciudad de México, en dónde no se ha responsabilizado a ningún funcionario capitalino por la muerte de 19 niñas/niños en el colegio Rebsamén; y la separación familiar de niñas y niños que viven en la calle a causa de la pobreza .

El importante avance de la Ley General de derechos de niñas niños y adolescentes (LGDNNA) está opacado por el escaso nivel de atención de la clase política. No es un tema de agenda, ni rentabilidad política. Por citar algunos ejemplos:

El lento avance del SIPINNA: La tercera sesión del Sistema presentó un retraso de un año para ser convocada. Asimismo, en las Entidades federativas la mayoría ha dejado de sesionar en los SIPINNAS y sólo existen actas de instalación en 900 municipios, pero están sin actividad, ni recursos para operar. De igual forma, las organizaciones sociales, especializadas en infancia, no tienen cabida en los SIPINNAS estatales, mismos que hicieron una convocatoria simulada, por lo cual tienen organizaciones cooptadas políticamente.

Seguimos sin presupuesto apropiado para el cumplimiento de la Ley General, el anexo 18 del presupuesto de egresos sólo es una recolección de gastos sin articulación, aún seguimos con subejercicio y sin rendición de cuentas.

Por ello, la Procuraduría de protección integral en el Sistema DIF continúa sin recursos para su instalación en los Municipios, y aún no asumen su responsabilidad de defensa jurídica en todo el territorio nacional.

La amplia movilización social que detonaron los sismos fue muy alentadora, pero mostró la negativa del Estado Mexicano para reconocer y estimular una ciudadanía participativa. La respuesta fue de control social y de impedir el crecimiento de la organización civil.

Continúan sin existir mecanismos de participación de niñas y niños, el triste celebre Parlamento Infantil es una escenografía mediática sin ninguna escucha o respuesta a las propuestas de niñas y niños.

Los gobiernos estatales y el Gobierno Federal continúan aceptando dócilmente la presión de grupos anti derechos humanos en temas de seguridad, derechos sexuales y reproductivos, especialmente en temas de prevención de matrimonio y embarazo infantil con educación sexual temprana.

De acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015, en México, 6.6 millones de niñas y jóvenes tenían entre 12 y 17 años; cerca de 5 mujeres de cada 100 se encontraba casada o unida.

Entre las entidades con mayores porcentajes de niñas y adolescentes unidas se encuentran Aguascalientes y Puebla, donde la cifra duplica a la media nacional alcanzando más de 8 puntos porcentuales. Asimismo, en el año 2016 ocurrieron 2.3 millones de nacimientos en el país; 7.3% de estos nacimientos ocurrieron en niñas y jóvenes madres entre 12 y 17 años, lo que significa una tasa de maternidad de 8.5 madres por cada mil en el mismo rango de edad.

Se sigue avanzando en los Congresos estatales con el absurdo jurídico del Síndrome de Alienación Parental (SAP) que invalida la voz de niñas y niños en los procesos judiciales, negándoles el derecho a participar y ser escuchados en procesos que los involucran.

Actualmente, más de 14 estados recurren a la figura del SAP contraviniendo los derechos de niñas, niños y adolescentes; un error grave ocurrió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba por declarar inválido el SAP, sin embargo, la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) se adelantó en su derogación, dejando a la Suprema Corte sin materia para la controversia de inconstitucionalidad.