Elecciones políticas todo México, ojo del huracán

Iniciamos este año 2018 en un contexto de crisis política, de descrédito de partidos e instituciones y con deficientes controles para evitar contiendas inequitativas, como lo que vivimos recientemente en el Estado de México.

Para desgracia de todos, estamos inmersos en el proceso electoral más grande y costoso de la historia del país, con tres mil 416 cargos de elección popular en juego.

La situación actual no es problema de un partido, es un asunto de Estado. Nos enfrentamos a un escenario adverso para 2018, ya que se renovará casi todo el mapa político del país. Sólo en Baja California y Nayarit no habrá comicios locales.

A esto se suma el uso de instituciones para fines electorales y la presión hacia los ciudadanos para la manipulación del voto.

La crisis y la desconfianza es algo evidente. Nunca como ahora se había registrado un número tan alto de exgobernadores presos o en problemas con la justicia. La lista es grande:

Los exgobernadores del PRI que vinculados a procesos, algunos detenidos y otros aun prófugos son:

Mario Villanueva, Andrés Granier Melo, Jesús Reyna, Flavino Ríos Alvarado, Javier Duarte de Ochoa, Rodrigo Medina de la Cruz, Roberto Borge Ángulo, Tomás Yarrington, César Horacio Duarte y Eugenio Hernández Flores.

Del PAN: Guillermo Padrés y Luis Armando Reynoso.

Existen otros elementos objetivos que distorsionan y corrompen la finalidad de los comicios, como es la renovación los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por un lado, los altos niveles de violencia que se padecen en algunas zonas complicarán la postulación de candidatos y el reclutamiento de funcionarios de casilla. Por otra parte, la pobreza reproducirá, como siempre, el círculo clientelismo-inequidad.

Desafortunadamente el PRI y el PAN le apuestan a que llegamos al primero de julio sin que el INE y el Tribunal Electoral Federal hayan logrado detener el desvío de los recursos de programas sociales, ni la compra y coacción del voto.

Nos enfrentaremos a elecciones similares a las recientes en los estados de México y Coahuila, en donde ha ganado el más tramposo o el que cuente con más recursos: ya sea el partido del Gobierno por medio de los programas sociales; o aquel que use fondos de dudosa procedencia.

Utilizan los programas sociales operados por los gobiernos estatales porque saben que escapan a la fiscalización. En pocas palabras “la política estatal social es una gran caja negra de recursos”.

Para detener el comportamiento tramposo de los políticos, Morena exige que las autoridades apliquen sanciones ejemplares, tales como el retiro de candidaturas o de registros.

A los ciudadanos les decimos: exijan más a los partidos políticos, porque siempre juegan a engañar a la autoridad.

La sociedad debe subir los niveles de exigencia, ejerciendo presión hacia las autoridades y las fuerzas políticas que cínicamente acaban imponiendo sus decisiones.

Es injusto que la ciudadanía de Chihuahua sea víctimas de los conflictos de los partidos que en un “toma y daca” buscan el deslinde de culpas y de inconsistencias administrativas, por encima del beneficio de la población.