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Certificación patrimonial, que Involucra a servidores públicos


Prevención, castigo, pena máxima y recuperación de los bienes producto de la corrupción y de la impunidad, que devolverán la confianza a la sociedad, esa es la trascendencia del paso que se está dando en el conjunto de iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Reformas Administrativas para combatir la Corrupción y la Impunidad, entregadas por el precandidato José Antonio Meade a los grupos parlamentarios de los partidos políticos que impulsan su candidatura, aseguró el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón.

Entrevistado al término de dicho acto, mencionó que la propuesta del aspirante ciudadano presenta varias virtudes, entre ellas la certificación patrimonial, que involucra a servidores públicos y a legisladores, y que tiene por objeto que para ejercer un cargo –y durante el desarrollo de esa responsabilidad– se tenga que estar certificando el patrimonio; esto implica dar seguimiento a la evolución del mismo, el cual debe tener plena correspondencia con los ingresos y con la declaraciones de impuestos.

Afirmó que esta medida, de concretarse en el Legislativo, será una reforma de trascendencia en el ejercicio de las funciones públicas porque, además, tiene como propósito último la recuperación de la confianza de la sociedad en aquellos que toman decisiones, sean sobre la legislación y la forma de vida o sean sobre la ejecución y la administración de lo público.

Otro de los aspectos que aumentan importancia al conjunto de medidas propuestas a los tres grupos parlamentarios hoy por Pepe Meade, agregó Castro Obregón, es la posibilidad de recuperar el dinero, los bienes o aquellos objetos que sean beneficio del delito, hacerlos de una manera expedita y en el marco de la ley. Esto quiere decir que si alguien se enriquece de manera ilícita por hechos de corrupción va a ser sujeto a recuperar y devolverle a la sociedad aquellos productos de los actos ilícitos, pero además se le da un destino a ese recurso, que es un fondo de becas para niños y jóvenes, lo cual le da un valor aún más importante al castigo.

En síntesis, dijo, lo que algunos ya le llaman la Ley Meade, es un conjunto de acciones legales para prevenir, castigar, y para recuperar y devolverle a la sociedad los hechos de aquellos que caen en la corrupción y para abatir con medidas concretas la impunidad. "El siguiente paso será que nuestros legisladores promoverán la iniciativa correspondiente en el nivel local, para armonizar la aplicación de esta ley", anunció.

El presidente aliancista hizo un llamado a los otros precandidatos, a todos los actores políticos, a argumentar en torno a estas iniciativas, a sumarse si encuentran efectos positivas; o a contraargumentar, si no lo consideran. Las reacciones cuando se anunció que se proponían estas iniciativas, recordó, fue de incredulidad. "Pues aquí están, en los hechos, y ahora en el Congreso nos veremos para analizar, debatir y aprobar estas iniciativas, en su caso".

Por su parte, el diputado federal Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en San Lázaro, reconoció la propuesta presentada por Meade Kuribreña, pues la bancada turquesa se ha esforzado por propiciar el mayor desempeño y equilibrio del aparato público, a fin de desarrollar el mayor bien del que disponemos todos los mexicanos: la educación nacional.

“Nueva Alianza, como partido preocupado por el futuro de la niñez mexicana, se congratula de que los recursos recuperados de actividades ilícitas se inviertan en un Fondo Nacional de Becas para que niños y jóvenes puedan continuar con sus estudios; y en proyectos productivos que ayuden a grupos vulnerables a mejorar su calidad de vida”, señaló.

Asimismo, Valles Mendoza reconoció que se trata de una Iniciativa “bien cuidada”, incluyente y respetuosa de los institutos políticos que conforman la alianza “Todos por México”, pues resume el reclamo social de decomisar los recursos a quienes cometan actos de corrupción y a su red de operación.

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