Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Las Entidades Federativas tienen la obligación y responsabilidad de armonizar sus estructuras, considerando y garantizando en todo momento la participación plena de los colectivos de familias que participamos en esta Ley y que estamos a lo largo y ancho de México. Por su parte, el Gobierno Federal tiene que dotar a la ley de los recursos que esta necesita para su implementación.

Las Entidades Federativas tienen que garantizar que los derechos de las familias y de las personas desaparecidas estén por delante de sus intereses políticos. Propuestas legislativas como la que se presentó en el Congreso Estatal de Veracruz, sin consulta a los colectivos de familias que buscan a sus seres queridos en esa entidad, representan un retroceso a la apertura que autoridades de distintos niveles mostraron en el proceso para la creación de la Ley General en materia de Desaparición.

La armonización que requiere la Ley en el Estado de Veracruz precisa de una reflexión más amplia y de los aportes de las familias en el sentido de sus vivencias y necesidades en el contexto adverso con el deficiente avance en las investigaciones de las desapariciones, la búsqueda y la falta de claridad y atribuciones de las instituciones. Además, esta ley no detalla, incumple y no adapta los contenidos para que la Ley General opere.

Las familias que conformamos el Movimiento manifestamos preocupación por la propuesta de Ley en Veracruz, ya que podría dar la pauta para que suceda en otros Estados, comprometiendo la implementación eficaz en todo el país y poniendo en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda.

Es de suma importancia que la Federación, Estados y familias trabajemos juntos para que dicha Ley sea un instrumento fuerte desde su entrada en vigor para poder encontrar a nuestros seres queridos y empezar a lograr resultados en la búsqueda e investigación de estos crímenes atroces que tanto nos lastiman.

En estos tres años, impulsando la creación de una ley en materia de desaparición, hemos confirmado que para la construcción de una herramienta tan importante como ésta, se requiere un diálogo entre los distintos actores involucrados, autoridades federales, autoridades estatales, expertos, sociedad civil, organismos internacionales y familiares de personas desaparecidas.

Por ello, exigimos que esta etapa de implementación se construya con transparencia, diálogo y considerando en todo momento la participación de los colectivos de familias con personas desaparecidas, quienes hemos comprobado a pulso que nuestra experiencia en la búsqueda e investigación de nuestros familiares es indispensable.