Mecanismos de solución Aplicación Sistema Penal

Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de Procurador General de la República, destacó que la PGR ha planteado un modelo operativo que toma en consideración que no todos los asuntos deben llegar a un juicio, a fin de ampliar la utilización de las salidas alternas al mismo y que sólo lleguen a esa etapa asuntos de mayor impacto, gravedad o complejidad.

Durante el encuentro “Diez Años del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Oaxaca. La Fiscalía que queremos”, comentó que el modelo tiene definido un plan de persecución penal, eficiente y eficaz, que permita jerarquizar asuntos que lleguen a la etapa de litigio y concentrar recursos en prioridades que afecten a la ciudadanía.

Dijo que además contempla una unidad interna, transversal a toda la Procuraduría, en la que se defina y supervise permanentemente este plan de persecución penal, aunado a la constante capacitación de ministerios públicos en la construcción de teorías del caso y en la conducción de investigaciones, con lo que que se pretende que el representante social sea un litigante más estratégico y exitoso.

En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, enfatizó que no sólo se cumplirá la misión esencial de las instituciones de procuración de justicia, sino también las expectativas ciudadanas y los mandatos constitucionales que exigen la verdad sobre los hechos delictivos, la seguridad y protección de los inocentes, la justicia para los culpables y la reparación del daño para quienes lo han sufrido.

Recordó que en 2007 la transformación en la persecución penal se implementó en el Istmo de Tehuantepec y, paulatinamente, fue ejecutándose en el resto de regiones de Oaxaca, hasta alcanzar la implementación nacional en 2016.

Dijo que sobre la base del debido proceso y del reconocimiento de la presunción de inocencia, se estableció que el propósito del proceso penal fuera esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y garantizar la reparación de los daños causados.

Lo anterior, dijo, significó reducir la probabilidad de que un inocente sea victimizado, como sucedía con la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva, y aumentar la responsabilidad del ministerio público en la construcción de casos sólidos para que, “más allá de la duda razonable”, se convenciera a los jueces de la culpabilidad de un procesado para asegurar que los culpables no queden impunes.

Mencionó que la PGR, en conjunto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Gobernadores, impulsó una reflexión de fondo sobre el sistema de procuración de justicia, que permitiera avanzar hacia un nuevo modelo de arquitectura institucional, válido y útil para todas las procuradurías y fiscalías del país, tendiente a mejorar la calidad de la procuración de justicia.

Recordó que se fortalecieron las capacidades de la Agencia de Investigación Criminal, para que, con base en la ciencia, la tecnología y los productos de inteligencia, sea posible esclarecer los hechos, garantizar el derecho a la verdad y generar insumos valiosos para la persecución de los delitos, ya que una investigación sólida puede marcar la diferencia entre la impunidad o la justicia.

Tras agradecer al gobierno de Oaxaca, dijo que la PGR estará abierta para mejorar con buenas prácticas de otras instituciones, así como a apoyar y cooperar con la Fiscalía General del Estado, en beneficio de la procuración de justicia.

En su intervención, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional de Oaxaca, resaltó que para desarrollar la reforma al sistema penal debe hacerse de la mano y en conjunto a todas las instituciones, con el entendido de retomar las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, con un análisis de fortalezas y debilidades.

Murat Hinojosa celebró el acompañamiento de la PGR en los retos del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, como es el caso de la socialización y la culturalización de una nueva manera de hacer las cosas, así como que las normas sean eficientes y eficaces en la realidad.

Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado mencionó que la dependencia a su cargo ha aumentado el número de facilitadores, ha creado células multitudinarias de trabajo y ha implementado un fiscal orientador, a fin de incrementar los asuntos solucionados mediante justicia alternativa.

Asimismo, dio a conocer que en coordinación con la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad se estableció un acuerdo para desarrollar el programa “Repensar”, inspirado en la justicia restaurativa y terapéutica de jóvenes en conflicto con la ley, impulsado por la PGR.

Acompañaron a Alberto Elías, Roberto Ochoa Romero, Subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo; y Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.