Procuraduría, Seguridad Pública CDMX al banquillo de acusados
El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, al Secretario de Seguridad Pública y a la Contraloría General, deben informar sobre el inicio de los procedimientos de las conductas y omisiones en que incurrieron diversos servidores públicos en relación a la detención arbitraria, la tortura y la negación de acceso a la justicia sobre el caso de Marco Antonio Sánchez Flores.
La senadora Dolores Padierna Luna recordó que una vez que se localizó a Marco Antonio Sánchez Flores en el Estado de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció públicamente que al haber sido localizado no podíamos hablar de una desaparición forzada, y anunció que se proseguirían con las investigaciones sobre la actuación de los policías que en su momento detuvieron, torturaron y posteriormente liberaron al joven estudiante.
“Resulta lamentable que a una semana de haber ocurrido los hechos, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Procuraduría de Justicia capitalina ni la jefatura de Gobierno hayan atinado a esclarecer lo sucedido y a deslindar las responsabilidades de las y los servidores públicos que tanto por acción o por omisión incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos”, sentenció.
A consideración de la senadora, el caso de Marco Antonio Sánchez si se trató de una desaparición forzada hasta que se logró ubicar su paradero.
La actuación policial no sólo se salió de los protocolos de actuación en este tipo de casos, sino que se encuadro en el delito de tortura, tal y como lo reconocen las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“Tanto los policías preventivos como los agentes del ministerio público que tuvieron intervención en este caso, son responsables de haber actuado contra la Ley y contra los derechos humanos tanto de Marco Antonio como de su familia, la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, la negación de iniciar una investigación, la falta de debida diligencia para rastrear y ubicar al joven estudiante se pueden encuadrar en una clara responsabilidad penal para todas y todos ellos”, aseveró.
Padierna Luna consideró que la exoneración a priori que hizo el gobierno capitalino sobre la responsabilidad de todos los servidores públicos involucrados es lamentable no sólo por lo que representa en términos de impunidad, sino sobre todo porque evidencia un total desconocimiento de las obligaciones legales que el nuevo marco jurídico ha impuesto a todas las y los servidores públicos incluido el mismo como titular del gobierno capitalino.
“Ante la posibilidad de que estos hechos queden en la impunidad, resulta indispensable que tanto la Procuraduría General de Justicia, como la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría General de esta ciudad, informen públicamente los delitos, las conductas y las omisiones que están siendo investigadas en relación a este caso. Es indispensable que las autoridades capitalinas transparenten el inicio de los procesos y las conductas que están siendo investigadas sin violentar el debido proceso legal ni la reserva de las indagatorias, pero asegurando que los principios que regirán las investigaciones estarán apegados a los más altos estándares en materia de derechos humanos”, concluyó.