Crisis en materia derechos Humanos y atención víctimas

La grave crisis en materia de derechos humanos en la que nos encontramos inmersos desde hace más de una década ha generado un universo de víctimas directas e indirectas que ha rebaso la capacidad institucional de respuesta tanto a nivel estatal como a nivel federal.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del año 2017 reportó tan sólo que 2016 se había registrado 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes durante ese año, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas de 2013 a 2015, pero que sigue siendo limitada, pues no incluye en este listado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sino únicamente a las víctimas de algún delito a nivel nacional.

Si a esta estadística sumamos los registros de las quejas por violaciones a los derechos humanos que reportan los organismos públicos de defensa de los derechos fundamentales debemos de sumar que por cada 100 mil habitantes se presentaron 125.5 violaciones de derechos humanos a nivel nacional igual en el 2016.

En ese año, los servidores públicos señalados por las personas quejosas como responsables de las violaciones denunciadas, pertenecían en su mayoría a instituciones estatales con 95 mil 110 (63.9 por ciento), seguidos por las instituciones municipales con 31 mil 323 (21 por ciento) y, las federales con 15 mil 767 (10.6 por ciento).

Estas cifras oficiales emanadas del INEGI, nos permiten dimensionar el tamaño de la problemática y de la complejidad que representa la atención de los efectos y consecuencias de los delitos y de las violaciones a los derechos humanos en México.

En el 2016 se impulsó una serie de reformas legislativas para dotar de más facultades a la CEAV y para ampliar los criterios con los que había venido operando dicha instancia, pues un reclamo reiterado de las organizaciones de víctimas y de familiares eran los largos y complicados procesos burocráticos en los que se incurría al interior de la CEAV, procesos que seguían re-victimizando a las personas y que en la práctica se convertían en verdaderos obstáculos insalvables.

Así se dio un nuevo impulso a la CEAV y se modificó también la dirección colegiada para que la titularidad de dicho organismo recayera ahora en una sola persona, pensando que con ello se avanzaría en la tramitación de los casos y la atención integral de las víctimas.

Sin embargo, esto no ha sucedido, pues las organizaciones de víctimas y de sus familiares siguen reclamando una serie de deficiencias, procesos burocráticos, criterios limitados y obstáculos institucionales que les impiden ejercer sus derechos y acceder a los fondos de ayuda y reparación que se tienen contemplados presupuestalmente para estos fines.

Lamentablemente nos damos cuenta de que esa modificación legal, así como la renovación del personal de esa Comisión no ha redundado en un mejor trato hacia las víctimas, que tampoco ha redundado en la integración de criterios más protectores y garantistas, pues mientras hace un par de años se le echaba la culpa al marco legal limitado, al día de hoy, el personal de la CEAV sigue alegando limitaciones de interpretación por lo establecido en su propio reglamento o en sus lineamientos internos de actuación, desconociendo que los efectos de la Ley General y de la interpretación de las obligaciones constitucionales del artículo 1º se encuentran por encima de cualquier normatividad interna.

Hoy la deficiente atención de las víctimas sigue siendo una constante, y las justificaciones para ello aunque han cambiado discursivamente, en los hechos siguen siendo las mismas, seguir manteniendo una interpretación limitativa sobre lo que representa “un hecho victimizante” o sobre lo que se debe de entender como “reparación integral del daño” o peor aún, lo que se debe de integrar como parte de una “indemnización económica” derivada de una violación a los derechos humanos o de la comisión de un delito, son los mejores ejemplos para entender que la crisis por la que atravesó la CEAV no ha concluido y que si la reforma a la Ley General fue insuficiente, quizá lo que haga falta sea una re-estructuración total de esa institución, separado de sus cargos a las y los servidores públicos que en el pasado y en el presente se siguen caracterizando por buscar “cien problemas a una necesidad, en vez de cien soluciones”.