Acuerdo Pionero sobre Derechos Ambientales de América Latina y el Caribe.

Después de más de seis años de intensas reuniones y negociaciones, un Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental - conocido también como Principio 10- se terminará de redactar y aprobará este domingo 04 de marzo en San José, Costa Rica.

El público celebra junto a los delegados de los gobiernos de los 24 países de América Latina y el Caribe (ALC) que han mostrado voluntad política para elevar los estándares sobre derechos ambientales; especialmente a tomar medidas para proteger a los defensores ambientales, quienes a menudo enfrentan serias amenazas mientras tratan de proteger el ambiente y sus derechos territoriales.

Los miembros del público, incluyendo organizaciones de la sociedad civil e individuos de toda la región, han participado activamente en el proceso de negociación brindando su experiencia en materia ambiental.

El público está orgulloso de haber ayudado a darle forma este Acuerdo pionero, que crea, por primera vez en la región, obligaciones legalmente vinculantes para que los Estados eleven los estándares sobre acceso a la justicia en materia ambiental en toda la región y que reconoce el deber de promover la participación pública en proyectos, planes, estrategias, reglamentos, regulaciones entre otros instrumentos de toma de decisiones.

Las siguientes declaraciones provienen de los miembros de The Access Initiative (TAI) y varios otros miembros del público provenientes de toda la región y representan sus perspectivas acerca de cuál será el potencial impacto y relevancia del primer Acuerdo regional sobre el Principio 10.

"Este es un momento histórico para ALC. Los países de la región tienen la oportunidad de aprobar un acuerdo legalmente vinculante sobre derechos ambientales, que no sólo ayudará a prevenir y castigar los ataques a defensores ambientales, sino también facilitará el acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones y a la rendición de cuentas para millones de personas. Carole Excell, Directora de The Access Initiative and Actual Directora de Democracia Ambiental del World Resources Institute.

"Colombia es el Segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, pero al mismo tiempo tiene una de las tasas más altas de conflictos socioambientales y asesinatos de defensores ambientales. En 2016 hubieron 37 asesinatos de defensores ambientales, según información de Global Witness (https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/). Este acuerdo una herramienta muy necesaria para la protección de la biodiversidad y a todos aquellos que protegen el ambiente en Colombia. El reconocimiento de los derechos de acceso contribuirá a mejorar la gestión ambiental del país y a garantizar un ambiente saludable". Natalia Gómez Peña - Investigadora - Programa de Democracia Ambiental. Asociación Ambiente y Sociedad. Representante Electa del Público (Principio 10), Colombia.

"Este acuerdo es una oportunidad para los países caribeños para implementar leyes que finalmente concedan a sus ciudadanos su derecho a acceder a información ambiental, participar en las decisiones que afectan el ambiente y a buscar buscar justicia en materia ambiental. Los países que participaron de la negociación: Jamaica, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, y Dominica y Granada han mostrado visión al involucrarse en un proceso que mejorará radicalmente la calidad de vida de sus pueblos. Para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), con su particular vulnerabilidad a los desastres naturales y a los impactos del cambio climático, facilitará un diálogo significativo y participativo para atender estos desafíos" Danielle Andrade-Goffe, Abogada y Representante Electa del Público (Principio 10), Jamaica.

"Este acuerdo aprobará, por primera vez en la historia, un artículo (artículo 9) que protege a los defensores ambientales. La región, especialmente los países latinoamericanos, es la más peligrosa para los defensores ambientales. Esperamos que como resultado de lo que han acordado los países, este tratado servirá para adoptar medidas prácticas y legales para proteger a los defensores ambientales, garantizando que puedan hacer su trabajo en democracias fortalecidas.

México necesita más espacios para la participación pública en asuntos ambientales, así como un mejor acceso a la justicia ambiental. Este Acuerdo nos permitirá implementar reformas legales para promover el acceso a los derechos ambientales, específicamente el acceso a la justicia a fin de ejecutar de manera efectiva las normas ambientales en los tribunales. Andrea Cerami, Coordinador de Derechos Humanos y Medio Ambiente - Centro Méxicano de Derecho Ambiental, México.

Para Chile, este tratado legalmente vinculante significará procesos de participación temprana en los proyectos que tendrán impacto ambiental. La única provisión que tiene la ley chilena con respecto a esto es el derecho a enviar comentarios por escrito durante un plazo de 60 días, algo que desafortunadamente no tiene respuesta.

El resultado es un incremento de los conflictos socioambientales en los cuales, los ciudadanos toman las calles, van a medios de comunicación y a los tribunales para oponerse a los proyectos.

Con este Acuerdo, los ciudadanos tendrán un procedimiento claro para poder involucrarse desde las etapas tempranas de la evaluación de cualquier proyecto". Andrea Sanhueza Echeverría, The Access Initiative y Representante Electa del Público (Principio 10), Chile.

"América Latina espera la firma de un posible acuerdo legalmente vinculante. Esto representará una herramienta poderosa para superar la falta de garantías que enfrentan las poblaciones que han sido sistemáticamente abusadas en sus esfuerzos por proteger derechos, ambientales, territoriales y humanos. Impulsará mayor colaboración para derrotar la impunidad que ha convertido a nuestra región en zona de muerte para los defensores ambientales." Georgina Jiménez - Coordinadora - Investigación en Recursos Naturales- CEDIB, Bolivia.

"En el Perú, este Acuerdo regional marcará un hito en el proceso de construcción de nuestra democracia ambiental; también fortalecerá y garantizará la aplicación efectiva de nuestros derechos al acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental en el diseño y en la implementación de proyectos, políticas públicas y marcos legales.

Es particularmente importante para las personas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos relacionados al ambiente, cómo las organizaciones indígenas. Esto no sólo significa reconocimiento, sino una garantía para el ejercicio pleno de sus derechos. Nos mantendremos vigilantes, con esperanza y expectativa de su completa implementación".