Campañas controversialmente Están politizadas. Nadie se salva
Al aseverar que “Así es el Derecho”, el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo analizó jurídicamente el significado de las campañas políticas con miras a renovar los tres poderes de la Unión, como es el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Y detalla: si bien es cierto que las campañas electorales comienzan formalmente el 30 de marzo, el ambiente en este “periodo inter-campaña” está netamente politizado y los días transcurren entre declaraciones controversiales de los actores políticos, descalificaciones mutuas, encuestas, estadísticas e incluso amenazas, resulta prácticamente imposible alejar nuestra mente del próximo 1 de julio, cuando se realizarán comicios locales en 30 entidades federativas y se renovarán los poderes federales.
Es natural y aún necesario, que ese escenario atraiga la atención, dado que no es poca cosa lo que está en juego y la participación del pueblo es el principal sustento del régimen democrático porque en él reside el poder, lo que es evidente desde el punto de vista etimológico, pues, como sabemos, democracia deriva de demos (pueblo) y kratos (poder), y si bien es cierto la democracia moderna en el país es liberal y representativa, dista mucho de la clásica, que era ejercida en forma directa en el ágora.
Además, la intervención ciudadana resulta indispensable incluso para la prevalencia del Estado mismo, pues la representatividad, característica fundamental de la democracia liberal, solo se entiende con la existencia de órganos (llámense Parlamento, Congreso o Asamblea) cuyos miembros representan a los ciudadanos, quienes mediante elecciones los designan para que deliberen en su nombre sobre las cuestiones trascendentales, es decir, para que legislen, implementen políticas, que serán aplicadas por los órganos de gobierno en los que se deposita el ejercicio del poder público.
Si bien nos referimos a la participación del pueblo de una manera genérica e incluyente, pues se ejerce el derecho humano de corte político que es votar y ser votado, para poder intervenir, según la Constitución, se debe tener la condición de ciudadano, ser mayor de 18 años y tener modo honesto de vivir, además tener vigente la credencial para votar, que nos identifica como ciudadanos mexicanos y contiene nuestro registro en el padrón electoral, y no estar privado de derechos políticos, lo que muchas personas sufren.
Quienes podemos acudir a las urnas no debemos dejar pasar la ocasión de ser parte de las decisiones que modelan el presente y el futuro político de nuestro país.
Tenemos que admitir que si bien la democracia mexicana no puede ser llamada censitaria porque éste es concepto muy fuerte e incluso antidemocrático, toda vez que así fueron llamadas las democracias, basadas en otorgar derecho al voto únicamente a ciudadanos con ciertas características económicas, sociales e incluso de género, quien no se encuentre en el padrón electoral no podrá votar, ni mucho menos aspirar a ser votado.
Esto no debe escandalizarnos, pues en ninguna etapa de la historia la democracia ha garantizado la participación de todos los individuos, ni la emblemática griega, pues el derecho a designar a los depositarios del poder estaba limitado a los hombres libres y mayores de 20 años, se exceptuaban mujeres y esclavos.
Debemos recordar que si por algún motivo no contamos con la credencial para hacerlo, tenemos hasta el 20 de junio para solicitar la reimpresión de la misma y podremos recogerla a más tardar el 29 de junio.
Así las cosas, la fecha se acerca y nuestro deber es enterarnos de las propuestas, razonar nuestro voto, ir a las urnas y aún, si salimos sorteados, participar en la jornada electoral.
Recordemos que el trabajo del Estado es imprescindible, pues debe garantizar que la apertura de 155 mil casillas será en condiciones de seguridad, que los ciudadanos acudamos sin miedo y sin riesgos a ejercer nuestro derecho y deber ciudadano, ya que “Así es el Derecho”.