México condenado a seguir Viviendo en un estado fallido

El INE incurrió en acciones de anticonstitucionalidad al aprobar el dictamen de registro como candidato plurinominal a favor del famoso Napito (Napoleón Gómez Urrutia), ya que éste no ha clarificado ante las Leyes mexicanas, diversas acusaciones que obran en su contra por parte de sus agremiados afectados del Sindicato de Mineros, lo que pondrá entredicho la transparencia y honestidad del quehacer político, así como empañará la imagen del Congreso de México, al “legalizar” a un personaje que ha sido cuestionado por la sociedad y que en los anales policiacos a nivel federal están radicadas Carpetas de Investigación que no han sido ejecutoriadas.

El principio pro personae, que supuestamente maximiza derechos, es una figura jurídica engañosa ya que el Instituto Nacional Electoral resolvió que no existe prohibición constitucional para reconfirmar y/o cederle sus derechos constitucionales a Napoleón Gómez Urrutia (“Napito”), como ciudadano mexicano, a pesar de tener la naturalización canadiense.

Ante esta disyuntiva de engaño jurídico, el Constituyente deberá forzosamente “con punto de acuerdo y obvia resolución”, reformar ese “principio” porque no es posible que un partido político como es el caso de Morena avale la deshonestidad de bandoleros que buscan protección a través del Fuero Constitucional.

El inconveniente jurídico es que el Estado mexicano no haya demandado a través de sus instancias judiciales a la Corte de La Haya la inmediata extradición de Napito ante la inexistencia de un Tratado en la materia entre Canadá y México, consolidándose el terreno canadiense como “tierra de nadie”, y “hogar de estafadores mundiales”.

La estrategia jurídica del Gobierno de México fue endeble porque si bien demandó a la INTERPOL los mecanismos de detención y posible extradición del C. Napoleón Gómez Urrutia, éste, habilidosamente se fue a refugiar a un país donde la complicidad es gigantesca al no haber un Tratado de dicha naturaleza de procedencia.

Frente a toda esta dramática realidad, el Congreso mexicano estará peligrosamente lleno de delincuentes y matones profesionales que consolidarán la barrera de gangsters quienes no garantizarán ningún desarrollo en beneficio de la sociedad, sino que México seguirá condenado a seguir viviendo en un Estado fallido con instituciones que han sido manipuladas desde las más altas esferas de las Mafias del Poder omnímodo.