Áreas naturales protegidas y los Derechos pueblos y comunidades

Los diputados federales de Morena se manifestaron hoy en contra del dictamen de la Ley General de Biodiversidad –de la minuta que fue enviada por el Senado de la República al Recinto de San Lázaro–, por considerar que atentará contra las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, dieron a conocer que impugnaron el proceso parlamentario con el que se pretende sacar adelante dicho ordenamiento, por considerar que se cometieron violaciones al mismo.

En conferencia de prensa, los legisladores Virgilio Caballero, Laura Esquivel, Guillermo Santiago, María Chávez, Modesta Fuentes y Ernestina Godoy, así como Josefa González Blanco, quien ocuparía la titularidad de la Secretaría de Medio Ambientes y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de que Morena resultara ganador en las elecciones presidenciales, coincidieron en el grave daño que provocaría la aprobación de la citada ley.

Ello, subrayaron, debido a que se legalizaría la explotación minera a cielo abierto y la utilización del fracking en las áreas naturales protegidas en todo el territorio nacional, lo que pondría en grave riesgo los recursos naturales, incluida el agua.

En su oportunidad, el diputado Virgilio Caballero Pedraza advirtió que la Fracción Parlamentaria del PRI y sus aliados pretenden aprobar la Ley General de Biodiversidad de manera fast track, por lo que la bancada de Morena impugnó este jueves en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) el proceso parlamentario.

“La Junta decidió enviar a la Mesa Directiva de la Cámara la impugnación de Morena, para que ahí se decidiera qué ocurre con esas expresiones de violación a la normatividad en la que ha incurrido todo el tiempo y de manera descarada la Comisión sobre la Ley de Biodiversidad”, puntualizó.

Al respecto, urgió a que se reponga el proceso legislativo del dictamen y que además participen las organizaciones civiles y se consulte a los pueblos indígenas respecto a esta ley. Esto, lamentó, porque se trata de una legislación que entrega los recursos naturales del país a la explotación comercial.

“Es la ley que le faltaba a Peña Nieto para continuar despojando a México de sus riquezas. Les entregó los recursos minerales y petrolíferos a las empresas extranjeras y mexicanas; le falta los recursos de las zonas naturales protegidas, que van a quedar sin protección con esta ley”.

A su vez, Josefa González Blanco aseveró que Morena se opone a que el Gobierno Federal siga destrozando la naturaleza en favor de unos cuantos y en deterioro de los más pobres. Esta ley, añadió, atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, a los que ni siquiera se les consultó al respecto.

“Esta ley es una aberración. A mí me gusta llamarla la ‘Frankenstein ambiental’, porque no tiene sentido: desprotege a los más desvalidos; deteriora el medio ambiente; entrega las áreas protegidas naturales a intereses económicos trasnacionales y nacionales enormes”, recalcó.

Tras aclarar que Morena se manifiesta en contra de toda la Ley General de Biodiversidad y no sólo de algunos artículos, la especialista aseguró que avalar este ordenamiento es una de las últimas oportunidades del Presidente Enrique Peña Nieto para “terminar de vender la patria”.

“Invito a la ciudadanía en este momento a ponerle un alto a esta malcriadez, a esta leperada, a esta aberración y no pasar, no aprobar por ningún motivo este ‘Frankenstein ambiental’. Por México, por nuestras futuras generaciones, por dignidad, esta ley no debe pasar”, insistió.

Por su parte, la diputada Laura Esquivel Valdés consideró que aprobar esta ley sería un acto suicida por el uso inapropiado de los recursos naturales, lo que afectará a todos los mexicanos, en especial a los pueblos y comunidades indígenas. En razón de ello, dijo, es necesario que todos los ciudadanos y no sólo el Grupo Parlamentario de Morena, se posicionen contra este proyecto

“El neoliberalismo empuja en general a los gobiernos, a los grupos que velan sólo por intereses individuales, particulares, económicos, a actuar de esta manera, que es suicida. No podemos estar permitiendo que a cielo abierto en zonas naturales protegidas, ahora se permita a las mineras intervenir”, sostuvo la también integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En tanto, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez explicó que la bancada de Morena impugnó el proceso legislativo al que fue sometida la minuta enviada por el Senado. Ello, apuntó, porque además de violar varios artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, contraviene el Artículo Sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sentenció que de aprobarse esta legislación, se daría pie a la explotación de recursos minerales en zonas naturales de áreas protegidas y, aún peor, se atentaría contra los derechos de los pueblos indígenas. Derivado de ello, exigió que se realicen foros sobre el tema y una consulta a este sector de la población.

“Vamos a dar todo el esfuerzo y toda la lucha posible para exigir que no pase esta ley. Es un intento más de la privatización de nuestros recursos y la última estocada para el saqueo de nuestra nación y de nuestro país”, reclamó el también integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Asimismo, resaltó que en caso de aprobarse la Ley General de Biodiversidad, tendría que haber un recurso de inconstitucionalidad por parte de los pueblos indígenas, e incluso acudir ante instancias internacionales ante una clara violación del Estado mexicano a sus derechos.

Las diputadas María Chávez García y Ernestina Godoy Ramos coincidieron que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales violó los principios de certeza y legalidad que deben regir el proceso legislativo, al pasar por alto diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

“El Grupo Parlamentario de Morena solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el 22 de marzo, que se repusiera el procedimiento de discusión y aprobación del dictamen que expide la Ley General de Biodiversidad, por considerar que existen razones de forma y fondo, que envía el Senado”, precisó la primera.

Chávez García destacó que el dictamen no fue circulado con los cinco días de anticipación a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la que se pretendía discutir y votar, como lo dispone el Artículo 177, Numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

“No cumplir esta disposición vacía el origen, la aprobación de una ley que contiene 248 artículos y 24 transitorios, y en cuyo dictamen se forma además la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se abroga la Ley General de Vida Silvestre”.

Al tomar el micrófono, la diputada Godoy Ramos expuso que una vez que la Mesa Directiva resuelva la impugnación presentada por Morena, tendría que decidir si regresa el dictamen a la Comisión respectiva por violaciones al proceso parlamentario, o si considera que debe ser presentado al pleno camaral.

“El dictamen, con todos sus defectos, ha sido envidado de acuerdo con el proceso parlamentario a la Mesa Directiva. Lo que continuaría es que la Mesa Directiva ordena que la primera lectura se dé ahí en el pleno. Sin embargo, el mismo día en que fue enviado ese dictamen, Morena presenta una impugnación, como lo prevé nuestro reglamento, argumentando todos los elementos”.

Por último, la diputada Modesta Fuentes Alonso llamó a defender el patrimonio de los mexicanos, en particular de los pueblos originarios, pues se afectará de manera grave las áreas naturales protegidas. “Ya basta de pisotear a los indígenas; es hora de decirle a la gente, cuando llegue una empresa o alguien que va hacer un trabajo en las comunidades, que les digan qué es lo que van a hacer. Para eso necesitamos una ley para la consulta indígena”.