La extorsión delito cometido Ciudad de México y que nadie frena

La extorsión es el segundo delito más cometido en México. El cobro de piso es la modalidad bajo la cual se cometen poco menos del 40 por ciento de los delitos de extorsión en nuestro país.

Es justamente esta forma de extorsión con la que el crimen organizado obtiene cuantiosas ganancias, a costa de emprendedores, empresarios y comerciantes en general, quienes invierten su tiempo y patrimonio en el desarrollo de un negocio lícito, pero lamentablemente se ven obligados a pagar a bandas criminales, una cuota que puede incluso alcanzar los 150 mil pesos mensuales, para poder continuar con sus actividades.

Hoy, lamentablemente, no hay Estado que pueda decir que, en su territorio, las empresas y comercios están exentos de la amenaza del cobro de derecho de piso, por parte del crimen organizado.

Asimismo, este delito lo sufren desde los comercios más pequeños, hasta las empresas trasnacionales, pasando por las MIPyMES, que son las que más empleos generan en el país.

Según cifras oficiales, en las 32 entidades federativas se han presentado denuncias por este delito, sin embargo, hay una decena donde se concentra el 92 por ciento de todas estas denuncias.

También las ciudades más importantes se han visto afectadas por este fenómeno delictivo. Sitios tan importantes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta, Mazatlán, entre otros, han sufrido un aumento en la incidencia de este delito tan gravoso, tanto para los empresarios y comerciantes, como para los trabajadores y clientes.

Este flagelo, además de minar el desarrollo económico, también tiene un impacto psicológico comparable con el secuestro, puesto que, de hecho, las víctimas se encuentran en un estado continuo de incertidumbre e indefensión, sufriendo amenazas constantes y, en algunos casos, violencia en su contra.

También, este delito afecta el desarrollo social de las comunidades en donde ocurre, puesto que se inhibe la instalación de nuevos negocios y, por lo tanto, se inhibe la creación de empleos en la zona; más aún, el cierre obligado de los comercios que se ven extorsionados, repercute en el aumento de la pobreza, el desempleo y la proliferación de la delincuencia común.

Hoy podemos impulsar un cambio legal para comenzar a revertir este círculo vicioso, endureciendo las penas para los que cometen este tipo de transgresiones y clasificando el delito de extorsión como uno de delincuencia organizada, cuando sea cometido por 3 o más personas.

Por un lado, al aumentar las penas previstas para los que cometan extorsión en contra de empresarios y sus empresas, se inhibirá el aumento en la incidencia de este delito, mientras que clasificarlo como delincuencia organizada, cuando participen 3 o más personas, significará que se pueda aplicar la prisión preventiva en estos casos.

Una de las principales razones por las que se ha visto un aumento desmedido en la incidencia este delito, es la ausencia de prisión preventiva para estos delincuentes, de ahí la importancia de esta modificación legal.

Por lo anterior, se propone modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, para duplicar las penas aplicables para el delito de extorsión, pasando de 8 a 16 años, cuando se realice en detrimento del correcto desarrollo de las actividades económicas y/o comerciales del sujeto pasivo y/o su empresa, negociación o establecimiento mercantil.

De igual manera, se propone adicionar los artículos 2 y 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para agregar la extorsión al catálogo de delitos que se perseguirán como delincuencia organizada, pudiendo castigarse hasta con 16 años más de prisión, es decir, se puede llegar hasta 32 años de pena y, además, se logra que este delito amerite prisión preventiva oficiosa.

Estamos conscientes que aumentar las penas, de suyo, no es la panacea ni la solución integral que se requiere; sin embargo, es un primer paso que se puede tomar en el proceso de lucha contra la delincuencia.