Auditorías INVI y SEDUVI por inmobiliario desmedido

En la capital del país se construyen alrededor de seis millones de metros cuadrados, 50 por ciento más que en 2013, es decir, la edificación de más de ocho mil viviendas, de las cuales 60 por ciento son de tipo residencial.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX), y la Contraloría General capitalina deberán realizar auditorías al Instituto de Vivienda (INVI), así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), acerca de los proyectos de vivienda de interés social que se llevan a cabo en la Alcaldía de Benito Juárez.

Ello luego de que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), aprobó, en su Sesión Ordinaria del pasado 13 de noviembre, un Punto de Acuerdo al respecto que presentó la diputada Paula Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena.

En tribuna, la legisladora señaló que según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, en la Ciudad de México se construyen alrededor de seis millones de metros cuadrados, 50 por ciento más que en 2013.

Consideró que el auge inmobiliario desmedido y la corrupción de las autoridades en el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos, ha afectado seriamente a la citada demarcación territorial.

“La Alcaldía de Benito Juárez se ha visto afectada por un desarrollo urbano desmedido y negligente, mismo que ha sido permitido por las autoridades de todos los niveles de gobierno”, reclamó.

Paula Soto señaló que un ejemplo de ello es la edificación que se realiza en el número 17 de la calle Febo en la Colonia Crédito Constructor, donde se hicieron más pisos a los autorizados en la zona, bajo el argumento de que se trata de un proyecto de vivienda de interés social.

Indicó que esta construcción irregular fue descubierta por los habitantes de dicha colonia, cuando en mayo pasado se cayó una barda de la construcción que afectó un predio colindante.

Detalló que a partir de ese hecho, los vecinos emprendieron una batalla legal que derivó en el Juicio de Amparo número 1018/2018–V, dentro del cual se otorgó la suspensión provisional del proyecto. Sin embargo, apuntó, el INVI desacató la orden judicial y continuó con la edificación.

En ese contexto, la diputada Paula Soto aseguró que el caso de Febo 17 no es aislado en la Alcaldía de Benito Juárez, ya que existen otros similares como el del número 38 de la calle Rubí en la Colonia Valle Escondido, en la Alcaldía de Tlalpan.

“No podemos permitir más construcciones irregulares. Es urgente frenar el desarrollo inmobiliario desmedido y la corrupción que lo permite”, subrayó.