AMLO tiene respaldo social
El inicio del 2019 ha sido un año sumamente controversial por la maniobra del Gobierno Federal contra el robo de gasolina, llamado “huachicol”, y las consecuencias sociales de la resistencia de sus autores intelectuales y materiales -porque les arrienda ganancias increíbles-, que han pasado de dificultades del público para comprar combustible y abastecer el mercado, al criminal estímulo a los vecinos de sitios aledaños a las perforaciones de los ductos, a participar en el delito.
El magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, destacó por igual, que aunque criticada por los culpables del delito, con eco interesado u oficioso, por parte de los indiferentes a la búsqueda del bien común, del que también disfrutarían, la estrategia puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene inmenso respaldo social dada la magnitud del robo que empezó en el año 2000 y más que se duplicó en los últimos dos, pasando de 26 mil barriles al día en 2016, a 58 mil 200 en 2018, y de las pérdidas que inflige a la nación: 30 mil millones de pesos en 2016, 50 mil 100 millones de pesos en 2017 y 66 mil 300 millones en 2018.
Señala que al darse a conocer la inmensidad del latrocinio, la indignación del pueblo no se hizo esperar emparejada con la conciencia de la ingente necesidad de combatirlo hasta eliminarlo.
Abunda: desde hace tiempo se sabía del daño al país por ese ilícito, y las penas por su comisión, establecidas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, fueron aumentadas a mediados del año pasado, de 20 a 30 años de prisión y una multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y actualización (UMA) vigente, para la sustracción y aprovechamiento de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin tener derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien disponga de ellos con arreglo a la ley.
La compra, enajenación, comercialización, transporte, almacenamiento y otras conductas ilegales ameritan penas menores, que van desde cuatro hasta 17 años de prisión según el volumen del combustible sustraído.
Si bien esas conductas antisociales están tipificadas y sancionadas con penas privativas de libertad, no desaparecen, máxime porque generan ganancias tan grandes, como el “huachicol”, por lo que las acciones para contrarrestarlas no son sencillas y, se vislumbra, su aplicación requerirá buen tiempo.
Ya se han dado a conocer sus resultados: más de cuatro millones de barriles de gasolina asegurados, mil 21 tomas clandestinas detectadas y neutralizadas, 29 cateos, 435 personas detenidas, mil 831 carpetas de investigación abiertas y 97 judicializadas, 175 personas puestas a disposición de la autoridad judicial; 124 personas vinculadas a proceso y 45 en prisión preventiva, y bloqueo de cuentas bancarias de empresas vinculadas a dicho ilícito.
Se nos han dado números, pero están en el aire hay muchas dudas y expectativas acerca de lo que vendrá: ¿qué sucederá con los bienes relacionados con este ilícito en caso de ser considerados para la extinción de dominio?, ¿serán enajenados o adjudicados al gobierno?, ¿qué pasará si algún involucrado tiene fuero?, ¿se iniciará el procedimiento de declaración de procedencia?, en caso de detenerse los robos de combustible ¿en cuánto tiempo verá la nación el beneficio económico?, puntualiza en su análisis Así es el Derecho.