Retirar fondos puede afectar metas en materia de salud pública a nivel nacional

Más de 200 organizaciones con trabajo en respuesta al VIH y temas concomitantes consideran el retirar fondos puede afectar metas en materia de salud pública a nivel nacional e internacional, y provocaría un retroceso de por lo menos una década; así como el incremento de la pandemia con su consecuente repercusión en las finanzas de salud pública.

Ante el reciente anuncio de la supresión de fondos destinados a las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan proyectos sociales por parte del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, organizaciones que han trabajado en la respuesta al VIH y temas concomitantes por más de tres décadas señalaron que la situación podría derivar en la pérdida de entre 10 y 20 años de trabajo articulado en la materia.

En un manifiesto, firmado por más de 200 organizaciones, se recordó que desde hace décadas las comunidades afectadas por el VIH se han organizado de diferentes maneras como asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones de base comunitaria, redes, personas afectadas, entre otras figuras, para dar respuesta a la situación.

Las organizaciones firmantes indicaron que a lo largo de más de 30 años han construido capacidades técnicas para hacer eficiente el uso de recurso públicos y lograr que las estrategias de alcance comunitario, los proyectos de prevención combinada, las estrategias dirigidas a las poblaciones clave y las dirigidas a las personas con VIH cumplan sus objetivos.

Sumado a que dicha estrategia responde a recomendaciones internacionales de organismos como el Programa Conjunto de la Naciones Unidas para el VIH/sida, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

A través del documento, las organizaciones suscritas expusieron que los recursos asignados al desarrollo de proyectos sociales por parte de organizaciones de la sociedad civil en respuesta al VIH y temas relacionados han sido “modestos”, pues representan $777, 129, 511.00 pesos desde 2006 hasta 2018, en tanto que, la inversión total para hacer frente a la situación ha sido de $2,500,000,000.00 de pesos anuales, según datos de la revisión de Medición de Gasto en Sida en México de la Secretaría de Salud.

Con estos recursos además se han realizado distintos estudios, evaluaciones y análisis indispensables para la respuesta al VIH por distintas instituciones públicas y privadas, tales como el Instituto Nacional de Salud Pública

Además de resaltar que dichos proyectos sociales no son programas asistenciales, sino que derivan de una licitación pública de proveedores altamente especializados en servicios de prevención provistos por entidades privadas (OSC), y su objetivo es llegar a población clave de difícil alcance y en contextos de vulnerabilidad y de vulnerabilidades acumuladas.

Por lo tanto, descartaron ser intermediarias ya que los proyectos que implementan con diferentes sectores de la sociedad son propuestas, evaluadas por terceros, expertos en el tema a través de un robusto sistema de evaluación ciega, una plataforma denominada SMAP (Sistema de Monitoreo de Actividades en Prevención), una herramienta de monitoreo y evaluación de proyectos a distancia, tanto en los aspectos técnicos como los financieros, que permite, entre otras cosas, revisar de manera automatizada las facturas y recibos con el SAT para verificar si son apócrifas o no, que se complementa con auditorías anuales del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación, tanto al Censida como a algunas OSC

En 2030, México debe alcanzar las metas nacionales, regionales e internacionales para que el sida deje de ser un problema de salud pública y se logre una generación libre de sida.

Sin embargo, en caso de no recibir recursos públicos, las organizaciones no pueden llevar a cabo acciones como la promoción de la adherencia al tratamiento antirretroviral e intervenciones de distinta índole, incluidas las que tienen que ver con la educación; estrategias con mayor impacto en la población; por ejemplo, acciones preventivas dirigidas a poblaciones de difícil alcance y en contextos de vulnerabilidad, hechos que generarían un retroceso de una o más décadas en la respuesta al VIH a escala nacional., así como el incremento de nuevos casos.