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Ley General de Acceso de las mujeres a Vida Libre Violencia


En solo un año se registraron 189 agresiones en contra de mujeres políticas, de las agresiones 20 fueron asesinatos y siete agresiones contra candidatas a un puesto de elección popular.

Ante esta situación, urge que se siga fortaleciendo el trabajo legislativo en materia de erradicación de violencia y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres.

Nueva Alianza impulsa desde el Senado de la República y mediante la legisladora turquesa Rocío Abreu Artiñano, adscrita a la bancada mayoritaria en la LXIV Legislatura, una Iniciativa para que se tipifique la “violencia política” en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En Tribuna, Rocío Abreu expresó que la propuesta surge porque la violencia política “impacta en nuestro derecho humano a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a nuestro desarrollo en la escena política, ya sea como militante en los partidos políticos, aspirante a candidata a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de nuestros institutos o en el propio ejercicio del cargo público”.

Además, sostuvo que la propuesta forma parte un paquete de reformas que junto con sus compañeras de lucha puso a consideración de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, como parte de las “Audiencias Públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres”, llevadas a cabo antes del inicio del Periodo Ordinario de Sesiones, en donde se exigió “el acceso igualitario a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.

La senadora campechana hizo énfasis en que si bien el Estado Mexicano se ha comprometido a tomar todas las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia”.

Todavía hace falta mucho por hacer, pues de acuerdo con el Segundo Informe de Violencia Política de la consultora de riesgos Etellekt, durante 2018 se suscitaron 237 agresiones en contra de mujeres que participaban en el ámbito político mexicano, de las cuales: 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas y 23 asesinatos, entre otras, manifestó.

Por ello, señaló que aunque hay avances en la adecuación de leyes para garantizar la participación política de las mujeres y la Ley General antes citada establece en el artículo 6 cuáles son las formas de violencia en contra de las mismas, es omisa al definir “de manera clara y precisa la violencia política”.

Rocío Abreu expuso que a la Iniciativa propuesta por Nueva Alianza, se sumaron 80 legisladores de distintos Grupos Parlamentarios y adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer las condiciones de igualdad en los ámbitos político-electoral, conceptualizando la definición de violencia política en contra de las mujeres.

La propuesta quedaría de la siguiente manera: “todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, causen daño físico, psicológico, económico, sexual o feminicida en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, con el objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

“Estoy segura de que las mujeres estamos comprometidas con terminar todo tipo de violencia, la política no debe ser la excepción. Sé que todas y todos comprenderán la urgencia de aprobar esta reforma y espero contar con su compromiso y apoyo para lograrlo”, puntualizó.

En entrevista, denunció que según el Informe Anual de Actividades 2018 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en las elecciones del año pasado la violencia política de género fue parte de las estrategias de campaña. “En el proceso electoral 2017-2018 se abrieron seis carpetas de investigación por violencia política de género y 41 número de atenciones, pero en ningunos de los casos se logró una resolución favorable para las víctimas”, comentó.

Informó que las entidades que encabezaron un mayor número de asesinatos fueron Guerrero con cinco víctimas, Oaxaca con cuatro, Michoacán con tres y Morelos también con tres. En cuanto a los asesinatos de mujeres, enfatizó que seis de ellas eran militantes, cuatro candidatas y cuatro dirigentes partidistas.

En lo correspondiente a las políticas asesinadas, dijo que siete correspondieron al Partido Revolucionario Institucional, cinco al de la Revolución Democrática y cuatro al del Trabajo, 17 de las cuales pertenecían a la oposición respecto del gobierno en turno en el momento de su asesinato y siete oficialistas.

Dio a conocer que a esto se sumaron 19 atentados en contra de los familiares de las mujeres políticas, 13 de los cuales concluyeron en asesinatos, más 15 asesinatos fueron perpetrados por comandos armados, cuatro por personas desconocidas, tres por asesinos solitarios y uno por un contratista local.

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