GCDMX pretende corromper conflicto de la ex ruta 100

El supuesto ofrecimiento de 20 mil pesos que pretende “pagar” el Gobierno de la Ciudad de México a la contrainsurgencia del histórico movimiento de la ex Ruta 100, solo se trata de acciones de corrupción, premeditación y absoluta ventaja, alertaron trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (SUTAUR).

En el marco de las conmemoraciones del Día del Trabajo, condenaron la beligerancia antidemocrática que las autoridades de la capital de la República pretenden hacer “validas” a través de chicanerías, buscando desvanecer este conflicto que desde hace 24 años vienen luchando por rescatar las liquidaciones que les fueron defraudadas por sus ex dirigentes Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, entre otros.

“Esos 20 mil pesos no cubren ni el mínimo de los porcentajes del gran cúmulo que el GCDMX adeuda a los trabajadores de esta central camionera que en 1995, durante el último régimen priista, anunció la desaparición de Ruta 100, dejando en el desamparo y en la calle a miles de trabajadores”, recordó el líder mora Jorge Cuellar Valdez.

La dupla de rufianes integrada por Barco y Camacho -acusaron durante el mitin que se celebró en las afueras de la sede del gobierno capitalino-, ha usufructuado el conflicto de la ex Ruta 100, desde hace más de dos décadas

Pero que debido a un amplio conflicto de intereses -añadieron- no se ha logrado aplicar todo el rigor de la ley en contra de quienes promovieron la quiebra técnica de esta central camionera que en la década de los 80-90, fue el orgullo del transporte urbano en América Latina. Estimaron que existe una colusión de funcionarios entre los defraudadores de la ex Ruta 100 con las autoridades capitalinas y ex dirigentes corruptos de este movimiento obrero, “para no pagarles ni un pesos a los querellantes”.

Indicaron que toda promoción que pudieran hacer los llamados contrainsurgentes ante las instancias, carecen de efectos jurídicos y legales, toda vez que el SUTAUR-100 tiene en su poder la Toma de Nota avalada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, y cuyo sindicato está en proceso de liquidación ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente 15297/95, cuaderno 44, resolución de fecha 6 de julio de 2004.

En torno a toda esta complejidad que guarda el conflicto de la ex Ruta 100, el ministerio público de la Procuraduría General de Justicia capitalina ya tiene en su poder las promociones de denuncias fundamentadas, así como expedientes que fueron turnados ante diversos juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, acusando del extraordinario fraude que siguen luchando por aclarar la R-100.

En la marcha de los ex choferes, éstos pidieron a las autoridades correspondientes proceder conforme a derecho, y no dar ninguna atención o prioridad a la contrainsurgencia de la ex Ruta 100, que manipulan Ricardo Barco y Gabino Camacho, porque éstos carecen de toda legalidad ante las autoridades oficiales.

Dijeron que el gobierno tiene que cumplir con dos aspectos, el primero la inversión que se hizo en las empresas de los trabajadores y fideicomiso que le dieron origen un total de 7,012 trabajadores donde el gobierno debe más de tres mil millones de pesos.

En cuestión del 28 por ciento y el Daño Patrimonial ocasionado por las propias autoridades del GCDMX, quedaron plasmados en los pactos políticos que se configuraron como un depósito de garantía para echar a andar el corredor de Eje Central y cuyo adeudo gubernamental asciende a otros mil millones de pesos.

En este sentido, Cuellar Valdez destacó que el ofrecimiento de 20 mil pesos es para “deslumbrar” a la contrainsurgencia que solo está al asecho de migajas “porque tienen hambre”, para lo cual la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, no está de acuerdo.

Insistió que el Daño Patrimonial es tan importante que las nuevas autoridades de la “izquierda democrática y moderna”, quiere cometer un delito que se tipifica como “abuso de confianza” con visos de fraude sistemático.

“La Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100 no está de acuerdo que los usurpadores de este movimiento obrero, buscan hacerse de riquezas ilícitas cuando sus funciones carecen de toda legalidad. El movimiento obrero de esta central camionera ya tiene 24 años desde 1995 a la fecha, en busca de que se le haga justicia.

“Nosotros, por lo tanto, teniendo el reconocimiento oficial de las autoridades locales y federales, rechazaremos las migajas que en una forma de disfraz pretende el gobierno de la ciudad darle carpetazo a este movimiento”, aseguró.

Exhortó a las nuevas autoridades de la Ciudad de México a entablar negociaciones de solución, toda vez que la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100 tiene la legitimidad universal.

“Rechazaremos migajas o limosnas, y mucho menos permitir extorsiones por parte de la propia autoridad cuando ésta está rompiendo todo el estado de Derecho que asiste a la nación. En síntesis, se trata de un descarado robo por parte del GCDMX, y nosotros vamos a seguir luchando hasta sus últimas consecuencias”, sentenció.

La marcha-mitin de la ex R-100, se llevó a cabo en los términos de pacificación y reflexión hacia las autoridades correspondientes.