Defensor Público garantice el acceso a la justicia CDMX

La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de crear un Instituto de la Defensoría Pública autónomo e independiente que “garantice el acceso a la justicia y combata la desigualdad social a través de procesos en igualdad de circunstancias, sin importar el origen o posición económica.

Al continuar el foro “La Defensoría Pública en la CDMX, un Nuevo Modelo de Acceso a la justicia”, la Ombudsperson sostuvo que los defensores públicos deberán tener capacitación permanente para garantizar en los procesos jurisdiccionales el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, en igualdad de circunstancias, sin ventajas, cumpliendo los estándares de las constituciones local y federal.

“Tendrán que hacer uso de su ingenio para atender a la población con insolvencia económica, a los grupos vulnerables o a los marginados, que constituyen 70 por ciento de quienes utilizan sus servicios”, dijo.

Mencionó que el nuevo marco jurídico de este órgano deberá fortalecer el proceso de mediación y de justicia restaurativa en los ámbitos de lo penal, familiar, civil y fiscal, además de robustecer el servicio civil de carrera, para mejora las condiciones de defensa, que deberá se acompañado de una mejor remuneración económica.

“El principal reto que tendrá este nuevo Instituto de la Defensoría Pública será salvaguardar y garantizar el acceso a la justicia a las personas con una situación de discapacidad, aquellas que no hablan nuestra lengua o aquellos que pertenecen a grupos vulnerables de la sociedad”, apuntó.

En tanto, el integrante del Instituto Federal de la Defensoría, Vicente Lopanzi, se pronunció en favor de contar con un Instituto local con autonomía financiera y técnica, ya que muchos de sus litigios serán en contra de las mismas instituciones de la administración pública local.

Destacó la urgencia de dotar con herramientas técnicas y materiales para igualar las fuerzas entre el defensor público, el agente del Ministerio Público y los jueces, ya que actualmente el personal es insuficiente, pero haciendo su mejor esfuerzo sacan las cosas adelante.

Destacó que entre la reforma de ley que propone el Congreso de la Ciudad de México resulta positivo el hecho de que solicite a quienes ejerzan esta función, su título como licenciado en Derecho, pero también sostuvo que se tendrán que crear mecanismos para facilitar que muchas personas que no cuentan con título, pero si experiencia, puedan cumplir dicho requisito.

También se pronunció por crear el Servicio Profesional de Carrera, pero también estándares de permanencia –que exijan niveles de calidad—pero también de salida. Dijo que sería conveniente contar con un área de Visitaduría interna para contar con parámetros de calificaran el desempeño de cada uno de los integrantes de esta nueva institución.

Señaló que desafortunadamente se cayó en una actuación “mecánica” en el trato con las personas que acuden a este organismo, pero esta situación se podrá combatir con dotar de herramientas para el adecuado desenvolvimiento y la capacitación.

Posteriormente, el director de la Defensoría Pública de la Dirección General de Servicios Legales de la CDMX, Francisco Camacho Rosas, expuso la necesidad de que el defensor público y el agente del Ministerio Público estén en un equilibrio de fuerzas, situación que sólo se logrará con un instituto autónomo financieramente, con mayor capacitación y en una profunda sensibilización de los servidores públicos.

Mencionó que el nivel de estrés y la rutina de trabajo derivaban en muchas ocasiones que los usuarios sean tratados como un número, sin cordialidad.

Planteó la creación de una Unidad Administrativa de lo Contencioso para que responda las quejas y las demandas que en muchas ocasiones son interpuestas en contra de los defensores y para otros aspectos administrativos.

Sin embargo, aseguró el académico, en la defensoría pública contamos con muchos casos de éxito, pero desafortunadamente no se conocen.

Convino conveniente que en la ley se establezca que los defensores públicos deben contar con espacios donde presten sus servicios adecuados y con mobiliario y salarios dignos.

Finalmente, la magistrada Elsa del Carmen Arzola Muñoz, integrante de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, mencionó que la capacitación será garante para mejorar sustancialmente el servicio de la defensoría pública, que se deberá ajustar al respeto de los derechos humanos, con plena independencia técnica y financiera.